La causa judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia federal rechazara el pedido de dos ciudadanos bielorrusos que aseguraron haber perdido más de 2 millones de dólares tras invertir en el token difundido en redes sociales por el presidente argentino.
La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien resolvió no aceptar como querellantes a Lapchenko Vladislav Andreevich, de 20 años, y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, de 52, ambos residentes en Minsk y sin vínculo entre sí.
Según la presentación judicial, los inversores compraron la criptomoneda minutos después de un tuit publicado por Javier Milei, en el que se promocionaba el proyecto como una iniciativa destinada a financiar PyMEs argentinas.
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De acuerdo con la denuncia, Andreevich realizó 21 operaciones de compra el 14 de febrero de 2025, entre las 19:06 y las 20:11, poco después de la publicación presidencial. El valor del token pasó rápidamente de 0,30 dólares a casi 5 dólares, antes de desplomarse menos de una hora después.
El inversor aseguró que confió en el proyecto debido al respaldo público del mandatario, lo que —según explicó— le otorgó una “impresión de legitimidad y seriedad” a la inversión.
Horas más tarde, tras la caída del precio, vendió los tokens adquiridos con una pérdida total estimada en 240.048 dólares.
Por su parte, Vitalievna efectuó doce compras desde seis billeteras digitales distintas. Cuando el valor del activo se derrumbó y el Presidente eliminó el mensaje original en la red social X, vendió sus tenencias y registró pérdidas por 1.768.079 dólares.
Por qué la Justicia rechazó el pedido
Antes de resolver, el magistrado solicitó informes a ARCA para verificar la situación fiscal y los vínculos con Argentina de los denunciantes. Finalmente, concluyó que no podía comprobarse con certeza la identidad de los inversores ni la titularidad de los fondos perdidos.
El fallo también remarcó que las operaciones se realizaron mediante billeteras digitales autocustodiadas, que no cuentan con procesos de verificación de identidad (KYC), lo que dificulta acreditar quién controla efectivamente los activos.
Además, el juez señaló que ambos ciudadanos pertenecen a un país sometido a regímenes internacionales de sanciones financieras, lo que —según la resolución— agrega obstáculos legales para aceptar su participación en la causa.
La querella apelará y buscan nuevos damnificados
El abogado Nicolás Oszust, representante de uno de los denunciantes argentinos, adelantó que apelarán la decisión y cuestionó el criterio utilizado por el tribunal. Según explicó, en el ecosistema cripto muchas billeteras se identifican por información pública o rastreo digital y no por mecanismos tradicionales de verificación.
La querella también confirmó que mantiene conversaciones para sumar nuevos denunciantes internacionales provenientes de Colombia, Chile, Estados Unidos, Líbano y Francia, entre otros países.
Estimaciones preliminares indican que las víctimas extranjeras habrían perdido cerca de 5 millones de dólares tras invertir en $LIBRA.
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La causa en Argentina está a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien aún no tomó declaraciones indagatorias pese a que la investigación lleva más de un año en trámite.
En paralelo, en Estados Unidos avanza una demanda civil en el Distrito Sur de Nueva York contra el empresario Hayden Davis, señalado por inversores como uno de los responsables del proyecto cripto que ganó notoriedad tras el respaldo público inicial.
LB/DCQ
