Un negocio por US$ 35 millones desató una pelea entre empresarios locales y chinos, y el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, en una licitación para adquirir cincuenta buses eléctricos. El negocio ecológico huele tan mal que ya suma dos impugnaciones; un reclamo al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el desplazamiento de tres funcionarios; el coletazo de un escándalo de corrupción en China; el ascenso estrepitoso del funcionario que prestó su firma para darle el contrato a una de las empresas; y al menos dos denuncias judiciales que se concretarán en los próximos días. Así pudo reconstruirlo PERFIL en las últimas dos semanas a través de documentación oficial y la consulta a las empresas y funcionarios involucrados en el negocio.
La licitación, además, tiene un efecto presión extra: habría sido una orden del presidente Mauricio Macri para supuestamente favorecer la relación con inversores chinos, según admitieron dos fuentes oficiales. Pero en lugar de “facilitar” el vínculo, terminará en un cruce de sospechas de corrupción.
En 2016, cinco oferentes locales se presentaron a la licitación asociadas a distintas fábricas chinas de buses que funcionan con baterías que se cargan en terminales eléctricas.
El 23 de diciembre, la comisión técnica dictaminó que había tres empresas en condiciones de cumplir con el pliego: Newsan, CTS Auto SA y Vía Bariloche. Pero los técnicos se inclinaron más por Vía Bariloche, una empresa de la familia Trappa, vinculada al kirchnerismo, y asociada en esta licitación con la china Higer, acusada de defraudar al Estado chino con subsidios que recibió de manera indebida. Ese mismo 23, la abogada que integraba la comisión evaluadora, Leticia Pereyra, analizó la propuesta de los técnicos y elevó su informe legal. La funcionaria sostuvo que la oferta más favorable era la de CTS. Pero agregó que si las otras finalistas –Newsan y Vía Bariloche– subsanaban una serie de faltas con el pliego, estaban en condiciones de acceder al contrato.
Sin embargo, tres días después, el Ministerio decidió que no había lugar para “subsanar” faltas y que el negocio debía ser adjudicado a CTS, asociada a la china BYD. Pedro Orbaiz, el jefe técnico que habían favorecido en su dictamen a Vía Bariloche, se negó a firmar. Bergman no se echó para atrás. Decidió removerlo a él y sus suplentes de la comisión.
El 26 de diciembre, se conformó a las apuradas una nueva comisión que emitió otro dictamen otorgando el negocio a CTS. Para lograr las firmas necesarias, Bergman autorizó a Julián Rousselot, jefe de Informática del Ministerio, a sustituir al técnico especializado en buses eléctricos.
Tres semanas más tarde, Bergman ascendió a Rousellot a subsecretario de Coordinación Administrativa, el área encargada de la revisión legal de las licitaciones públicas. Rousselot es ingeniero en informática e hijo del denunciado ex intendente de Morón Juan Carlos Rousselot.
¿Cómo hizo Rousselot, un ingeniero informático, para evaluar en tan sólo cuatro días un expediente de 10 mil fojas sobre un tema que no es de su expertise? Una funcionaria cercana a Bergman dijo a este medio: “Como es ingeniero pudo evaluarlo rápidamente”.
El 6 de enero, Vía Bariloche presentó una carta a Marcos Peña denunciando supuestas irregularidades en la licitación. “La Comisión Evaluadora recomienda adjudicar la compra y el servicio técnico por 5 años a la empresa CTS, la cual no registra actividad económica alguna desde su creación, no posee empleados ni instalaciones, y cuyo patrimonio neto asciende a $ 20 mil”, sostuvo.
Vía Bariloche y Newsan impugnaron la decisión de entregar el negocio a CTS, pero Vía Bariloche irá por más y presentará una denuncia ante la Justicia, según informó la firma.
Bergman contraatacará a Vía Bariloche denunciando esta semana al técnico Orbaiz, por supuestamente intentar favorecer a esa empresa en la licitación. Los abogados del ministerio acusarán a Orbaiz de “tergiversar informes oficiales para favorecer a Vía Bariloche”.
