Escuchas ilegales: Montenegro volvió a recusar al juez Norberto Oyarbide

El ministro porteño de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, volvió hoy a sortear su declaración indagatoria en la causa sobre la supuesta red de espionaje en el Gobierno metropolitano e insistió con su intento de apartar de la causa al juez federal Norberto Oyarbide.

El funcionario, que fue titular del juzgado donde debía declarar, concurrió al tribunal y se negó a contestar las preguntas "aclarando cuáles son todas las cuestiones, haciendo la salvedad de que hay interpuesto un recurso de Casación", según reconoció el propio ministro a los periodistas. Previamente Montenegró había concurrido a la mesa de entradas de la Cámara Nacional de Casación Penal y presentó un escrito en el cual planteó el recurso para recusar al juez Oyarbide, algo que ya hizo sin éxito ante la Cámara Federal por lo que insistió ante el tribunal de alzada.

"Expliqué los motivos por los que creo que el juez (Oyarbide) no puede seguir al frente de la causa”, dijo Montenegro a los periodistas y recalcó que seguirá "manteniendo esta posición y en definitiva decidirá la Cámara Nacional de Casación o decidirá la Corte Suprema". También sostuvo que "a resultas de esa resolución (de Casación) le pedí una declaración indagatoria en su momento".
"No hay nada que ocultar, todo fue muy bien hecho en el Ministerio y el Gobierno de la Ciudad", insistió.
Montenegro está acusado del encubrimiento de la supuesta asociación ilícita por la que está procesado y preso el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios, ya que dependía directamente de él como ministro.

Por el mismo delito está procesado y preso el ex policía federal y ex empleado del Ministerio de Educación Ciro James.
A raíz de que James trabajaba en esa cartera, esta semana declaró el ex ministro Mariano Narodowski, también como presunto encubridor de una asociación ilícita Montenegro intentó apartar a Oyarbide de la causa pero la Cámara Federal rechazó el planteo y mantuvo al juez, que por la recusación había postergado la declaración prevista en principio para el miércoles de la semana pasada, y que luego la confirmó.

Montenegro alegó que en 1997, cuando era fiscal federal, acusó y pidió la indagatoria de Oyarbide por intervenir de manera ilegal el teléfono del abogado Mariano Cúneo Libarona, y que el Código Procesal Penal establece que un juez se debe apartar de una causa cuando investiga a una persona que lo denunció.

Tras la declaración de Montenegro, el 5 de mayo deberá hacerlo Macri, como acusado de ser miembro de la asociación ilícita y por las escuchas a su cuñado, Néstor Leonardo, y al dirigente de Familiares de la AMIA Sergio Busrtein, dos de la cerca de una docena de personas cuyas líneas fueron intervenidas y por lo que se investiga a jueces y policías de Misiones y a funcionarios del Gobierno porteño.

En la causa también están detenidos los destituidos jueces de Misiones José Luis Rey y Horacio Gallardo, quienes autorizaron los escuchas por pedido de James y policías de esa provincia.
Rey, detenido en la cárcel de Marcos Paz, declaró ayer y negó las acusaciones al tiempo que acusó al oficial Diego Guarda, a cargo de la sección Escuchas de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Misiones, por ser quien le daba los teléfonos para "pinchar".

Por su parte, Gallardo continúa internado en el Hospital Argerich de esta capital por un problema cardíaco y en el juzgado esperan nuevos informes médicos que determinen si está en condiciones o no de declarar. Ayer también declaró Palacios sobre otros casos de escuchas -ya que sólo está procesado por la intervención a Burstein- y negó las acusaciones, y también admitió que cuando estaba al frente de la Policía Metropolitana encargó a James que se reuniera con un funcionario del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires que actúa en las políticas de seguridad, revelaron fuentes judiciales.

Palacios reconoció que mandó a James, en julio de 2009, a hablar con Agustín Gamboa, titular de la Secretaría de Política Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal porteño, reunión en la que también participó el entonces director de Investigaciones de la policía porteña, Roberto Ontiveros.