Los fiscales de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, pidieron este lunes 27 de julio los procesamientos de Gustavo Arribas y Silvia Majadalani, ex uno y dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa por presunto espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Kirchner en su departamento y al Instituto Patria durante la gestión de Mauricio Macri.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, que tienen delegada la investigación, presentaron el dictamen y ahora es el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé quien deberá definir la situación procesal de los imputados. Incardona y Eyherabide también solicitaron el procesamiento del ex director de contrainteligencia del organismo, Martín Coste.
En la causa se estudian las maniobras de espionaje ocurridas en agosto de 2018 sobre el Instituto Patria y el departamento del barrio de Recoleta de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para los fiscales, Arribas y Majdalani estaban al tanto de estas tareas y, además, intentaron ocultarlas al dar información ante el Congreso Nacional.
Fuentes con acceso al expediente revelaron a la agencia Télam que los fiscales también reclamaron que sea procesado el agente y ex director operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, en el marco del expediente por el cual ya se encuentra procesado el ex espía Alan Ruiz, sindicado como quien coordinaba los operativos ilegales.
Arribas negó haber mandado a espiar a Cristina Kirchner
Para los investigadores, los acusados violaron la ley de inteligencia al ordenar y realizar tareas de espionaje ilegal, pero además cometieron el delito de falsedad ideológica cuando intentaron ocultar las maniobras a través de la producción de documentos falsos, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a su accionar.
En un extenso dictamen del que aún no trascendieron detalles, los fiscales sostuvieron que los documentos -tanto los producidos para los circuitos internos de la AFI, como los enviados al Congreso y a la justicia- fueron parte del intento de ocultar el espionaje ilegal.
Según consignó la agencia mencionada, de acuerdo con la investigación, la orden de realizar tareas de espionaje, que Ruiz trasladó al grupo de espías que operaba en la "calle", apuntaba a vigilar e informar si en ambos domicilios ingresaban o salían "bolsos", y no a advertir riesgos ante un eventual ataque terrorista, como se intentó decir en un primer momento. Fuentes judiciales dijeron que, según la investigación, esa orden llegaba directamente de Silvia Majdalani.
Ruiz, quien en el mundo de los espías era conocido por el alias de Augusto Rovero, “coordinó durante el año 2018, al menos, desde el mes de mayo y hasta diciembre de ese año, junto a otras personas, un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia de la AFI, dedicada a realizar tareas de inteligencia y espionajes ilegales”, sostuvo el juez Auge cuando procesó al ex espía.
Las tareas de espionaje ilegal “consistían en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidaria, social, sindical y/o cultural”, según surge del expediente.
De lo aportado a la investigación por un testigo de identidad reservada, se pudo reconstruir que la orden que Ruiz había dado era la de “detectar si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación y/o dinero, como así también si en esos dos domicilios recibían ese tipo de objetos o se desarrollaban esas actividades”.
La “vigilancia” se hacía de día, desde un auto ubicado en las inmediaciones de los blancos a espiar –uno de ellos detectado el 6 de agosto de 2018 por personas que frecuentaban el Instituto Patria- desde donde los espías podían verlo todo. Por las noches se utilizaban “autos de técnica” que tiene cámaras indetectables y que quedaban estacionados y sin ocupantes.
El 9 de agosto de 2018, Arribas y Majdalani “suscribieron conjuntamente la Nota con sello de identificación de la AFI N° 8201 que fue presentada ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Control y Actividades de Inteligencia” con la que buscaron justificar las actividades desarrolladas por los espías descubiertos.
Desde la AFI de Cambiemos se intentó justificar el espionaje ilegal bajo el pretexto de haber desplegado tareas para desarrollar “vigilancia perimetral”, en el marco de una causa por alarmas de atentado, radicada en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena, quien debió excusarse de intervenir en este expediente.
Esta investigación se inició por una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite y que pudo haber sido utilizado para fines ilegales.
Estos hechos habrían ocurrido durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019). Arribas negó haber ordenado maniobras ilegales y había argumentado que no puede ser investigado por hechos por los que ya fue sobreseído en la causa. Además, sostuvo que las tareas de vigilancia que se hicieron en el Instituto Patria fueron legales, autorizadas en aquel momento por el juez responsable del caso, Federico Villena.
Unas 500 personas, entre políticos, periodistas, empresarios, sindicalistas y referentes de organizaciones habrían sido espiados ilegalmente. Las denuncias contra el Gobierno de Macri y la cúpula de la AFI durante su gestión se acumulan en 12 diferentes causas que investiga la Justicia federal, y por las que se encuentran imputados en algunas.
La AFI es acusada de encabezar investigaciones ilegales a personalidades como los expresidentes Cristina Kirchner y Eduardo Duhalde (2002-2003) y a referentes del macrismo como los actuales jefe y vicejefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
También fueron espiados el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, dirigentes de todo el arco político, líderes sindicales como el dirigente camionero Hugo Moyano o el gastronómico Luis Barrionuevo, periodistas reconocidos como Luis Majul o Hugo Alconada Mon, y referentes de organizaciones sociales y religiosas como el padre Pepe Di Paola.
ED / DS
