Las más de cuatro horas en las que José López declaró como arrepentido en tribunales son consideradas de suma importancia para los investigadores. No solo para la causa sino para el mundo de la política. El propio fiscal del caso, Carlos Stornelli, la puso a la altura de los dichos de empresarios como Carlos Wagner y Juan Chediack –con cargos claves en la Cámara de la Construcción-, y del financista Ernesto Clarens, señalado como preferido de los K.
López aún espera que el juez Claudio Bonadio homologue su acuerdo, pero ya consiguió salir de la cárcel de Ezeiza donde estaba preso desde hace más de dos años. En su confesión, apuntó a Néstor y Cristina Kirchner y a Julio De Vido. Pero hasta ahora se mantiene en reserva la mayor parte de su testimonio, lo que genera temor tanto en la política como en las empresas, por la información que suministró el ex secretario de Obras Públicas.
"¿Qué les tuvo que haber dado para que pacten con un personaje como López? Evidentemente mucho", razonaba ayer una fuente con acceso a la causa a la que consultó PERFIL. En ese esquema, lo que más sorpresa generó fue su decisión de romper con el silencio que había mantenido desde 2016. Un silencio que preservó más allá de los mensajes.
Sin ir más lejos, López, que enfrenta un juicio oral y público por enriquecimiento -tras ser encontrado en el convento de General Rodríguez con más de 9 millones de dólares-, contestó con evasivas la semana anterior ante el tribunal oral. E incluso dos días antes de convertirse en arrepentido estuvo frente al juez Sebastián Casanello, en el marco del caso de las plantas potabilizadoras de Aysa que involucra a la brasileña Odebrecht, y también siguió esa lógica de silencio. Allí presentó un escrito, negó los cargos en su contra y no respondió preguntas.
En su confesión, José López apuntó a Néstor y Cristina Kirchner y a Julio De Vido.
López está imputado en la causa de los cuadernos y ya había sido indagado. También había preferido el silencio. Hablar ante Stornelli tenía más beneficios que ante Bonadio, pero la jugada nadie la vaticinó.
En la causa de los cuadernos, Centeno lo ubicó moviendo dinero en el relato de los viajes en que acompañaba a Baratta. El arrepentido Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, también dijo que López lo llamaba para "apretarlo", según reveló la semana pasada el diario PERFIL. Además, el que lo complicó fue su subordinado, el ex secretario de Vivienda Germán Nivello, dijo que por orden de su ex jefe entregó a Roberto Baratta 1.250.000 dólares. Aclaró que era dinero de la campaña electoral y que no tenía nada que ver con el tema. López y Nivello tienen un enfrentamiento de años y ambos están involucrados en una mega causa en la justicia jujeña junto a Milagro Sala.
Hace una semana, en el juicio oral en su contra, López sólo señaló que tres personas que no podía identificar le habían entregado el dinero que llevó al convento de General Rodríguez. Su relato pareció descabellado, pero dejó abierta la puerta a los interrogantes y el misterio. Lo que sí dijo que fue que no podía hablar por temor a lo que pudiera pasarla a él o a su familia. Cuando el presidente del Tribunal le preguntó si necesitaba custodia en la cárcel, López le dijo que no. Ayer cambió de parecer y pidió su ingreso al Programa de Protección de Testigos e Imputados. El cambio de conducta y estrategia es lo que preocupa y llama la atención en los distintos sectores. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión?, es la pregunta que todos se hacen.
Su familia rechaza la protección
Desde la noche del viernes, José López ya no está en el penal de Ezeiza, su lugar de detención desde junio de 2016. Al terminar su declaración y por pedido suyo y de su defensor oficial, Gustavo Kollmann, el ex funcionario entró al Programa de Protección de Testigos e Imputados que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quienes decidieron no ingresar fueron los miembros de su familia. No obstante podrán visitarlo respetando estrictas medidas de seguridad.
López está en un lugar secreto, al resguardo del Grupo Especial de Intervención (GEI), conocido como “Los Lobos”. Se trata de una división compuesta por efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que fueron entrenados especialmente para proteger a imputados y testigos colaboradores. El programa ya tiene a 228 personas en esas condiciones, sin contar a sus familias u otros vínculos.
