Nuevas pruebas involucran a la empresa santacruceña de Lázaro Báez, que será indagado por lavado de dinero, en el uso de facturación apócrifa para evadir impuestos. Las empresas Calvento, Grupo Penta y Terrafari, administradas por la familia Ficcadenti, son investigadas por irregularidades tributarias por más de 45 millones de pesos, como revelaron PERFIL y La Nación.
Las tres firmas de Bahía Blanca tuvieron como cliente al gigante patagónico líder en obra pública, Austral Construcciones. Una de las compañías bahienses había sido denunciada como “apócrifa” en una causa penal el año pasado. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) demora todavía una definición sobre el caso.
Todo comenzó el 25 de marzo del año pasado, cuando un juez federal procesó a Juan Ignacio Suris, amigo personal de Leonardo Fariña, por asociación ilícita tributaria. Suris fue acusado de liderar una banda que se dedicaba a la creación e inscripción de sociedades comerciales inexistentes cuyo objetivo era vender facturas de operaciones ficticias para evadir el pago de impuestos. También está procesado por narcotráfico.
El juez federal de Bahía Blanca detectó al menos 190 usuarios de facturas truchas. El listado interminable incluyó también a la empresa Calvento, una de las proveedoras de Austral Construcciones. Según el procesamiento de casi ochenta páginas se hallaron facturas tipo A de la empresa. “Se registró en el libro de IVA compras a proveedores apócrifos como Calvento”, dice la resolución en la página 36. Báez tiene dos nexos en común con Suris: Fariña y Calvento.
Lo curioso es que Lázaro no oculta el vínculo comercial con la polémica firma. De hecho, al contrario, parece defenderlo. En enero, los abogados del empresario kirchnerista presentaron un escrito ante el juez federal Sebastián Casanello en el que reconocen haber firmado “dos contratos de locación de Equipos y Transportes” en 2009 y 2010. El alquiler de “dos topadoras marca Caterpiller”. Y, por último, un “taller móvil patente DYD 887” para la reparación de la Ruta Provincial Nº 39.
El escrito continúa con una declaración llamativa: “En el caso de Calvento SA se está ante dos locaciones puntuales que pueden ser identificadas con absoluta precisión en lo que hace a los bienes involucrados, lo que permite demostrar, sin lugar a dudas, la existencia material de las prestaciones y, de este modo, despejar cualquier posible impugnación que se pretendiera al respecto”.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, reconoció en una conferencia de prensa en octubre del año pasado que la empresa Calvento no tenía actividad comercial acreditada y figuraba como usina de facturas truchas en la base del organismo recaudador.
Según los especialistas tributarios consultados cuando la AFIP reconoce una empresa como usina de facturación apócrifa también debe sancionarse o investigarse al destinatario de las facturas. Así lo establece la ley, que les otorga a los usuarios condenas de 3 a 6 años de prisión. ¿Se busca evitar esa penalidad para Lázaro Báez?
PERFIL se comunicó con la familia Ficcadenti pero no devolvieron llamados. Los contadores de Ficcadenti se excusaron de hacer declaraciones y “se limitaron a responder que toda la documentación se encuentra en el expediente administrativo”.
