Sin perder un minuto, el Consejo de la Magistratura avanza rápido tras el fallo de la Corte Suprema y abrirá el jueves de la semana que viene los concursos para los cargos que ocupan provisoriamente los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El organismo, que se encarga de la selección de los jueces, discutirá este viernes 6 de noviembre los pasos a seguir. Su presidente, el juez Alberto Lugones, había avisado que la idea era terminar en seis meses esos concursos para no dejar la situación en un limbo prolongado.
Dos fuentes confirmaron a PERFIL que esos dos concursos se abrirán este 12 de noviembre. “Se va a llamar a concurso en la reunión de la comisión de selección, que es el jueves que viene. Se sortean los jurados y se abre la inscripción”, dijo una de esas fuentes.
Otra, sugirió que a la lista se incorporarán otros cargos que quedaron en la mira tras el fallo de la Corte: el de los jueces Ricardo Basílico y Carlos Mahiques. Pero en la Magistratura dicen que por ahora no hay consenso para ir más allá que los dos casos que la Corte ya dispuso.
Sin aval político
Bruglia y Bertuzzi extendieron por 5 días su licencia: para cuando abran sus cargos a concurso es posible que den un paso al costado, como dejaron trascender tras la resolución del máximo tribunal del país.
“Vamos a suponer que abren el concurso para esos cargos y tal como los habilitó la Corte lo ganan: después tienen que pasar de nuevo por todo el procedimiento, es decir que su terna sea enviada al Senado y el Senado la apruebe”, analizó en diálogo con PERFIL una de esas fuentes.
Ahí está la llave del problema y la razón por la que, en Comodoro Py, creen que estos jueces y los que quedaron tambaleando se irán a la brevedad. No tienen aval político. El Senado ya los vetó. El caso de Mahiques, incluso, es aún peor, porque la actual vicepresidenta lo puso a él y a su hijo Juan Bautista como parte protagónica de lo que -consideró ella- fue el Lawfare durante el macrismo.
Los citó de ejemplo en su libro Sinceramente cuando era candidata junto a Alberto Fernández. ¿Se someterá Mahiques a requerir ese aval político que, es seguro, no tendrá?
Una renovación jurídica pero política
El Consejo de la Magistratura tiene decidido avanzar con rapidez tras el fallo de la Corte, impulsado más por Cristina Kirchner que por Alberto Fernández. Son los jueces que la vicepresidenta puso en su lista negra desde antes de asumir en el cargo.
Hay razones técnicas, jurídicas pero también políticas, sobre todo políticas, por las que el oficialismo intenta aprovechar esta situación para renovar gran parte de los cargos que fueron ocupados con traslados de jueces del gusto de Mauricio Macri, aún cuando no fue el primero en usar esa herramienta para cubrir vacantes.
Dentro de los aproximadamente 70 cargos que quedaron bajo la lupa con el fallo del máximo tribunal del país, hay diferencias. Los que quedaron en misma competencia y jurisdicción, difícilmente sean revisados.
Más allá de las irregularidades en los traslados, que la propia Corte Suprema reconoce al declararlos transitorios hasta que se concursen, la realidad indica que sea a pedido o porque lo consideraron jurídicamente viable, los jueces apuntados por el oficialismo son los que llevaron adelante las principales investigaciones por corrupción contra exfuncionarios kirchneristas.
El kirchnerismo, claro, las objeta. Dice que fueron realizadas de manera arbitraria, sin derecho a defensa y en algunos casos, con irregularidades manifiestas. Aseguran que, por ejemplo, en el caso Cuadernos no hay soporte fílmico ni de grabación y que los “arrepentidos” declararon bajo coacción.
En ese marco inscriben las escuchas ilegales que se investigan en Lomas de Zamora, y la supuesta manipulación de jueces, que fue denunciada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.
MC
