POLITICA

Faltazo total de intendentes a la cita en Diputados por Sueños Compartidos

De los 17 convocados no acudió ninguno. Por eso realizarían la próxima sesión en Chaco, donde Madres firmó varios contratos. Acusan a Capitanich.

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| DyN

Los 17 intendentes del conurbano bonaerense y del interior del país que fueron convocados por la Comisión de Viviendas de la Cámara de Diputados para testimoniar sobre el avance del programa habitacional de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que es investigado en la Justicia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, no asistieron a la reunión.

Por este motivo, la Comisión presidida por el radical Hipólito Faustinelli dispuso enviar un cuestionario a los jefes comunales para que brinden detalles de los convenios firmados con la Fundación, con la entonces coordinación de Sergio Schoklender, y sesionar la semana próxima en Resistencia para analiza in situ el nivel de cumplimiento de las obras financiadas con fondos públicos.

A la reunión de esta mañana estaban invitados los intendentes de Tigre, Sergio Massa (PJ); de Almirante Brown, Rubén Giustozzi (PJ); y de Ezeiza, Alejandro Granados(PJ) -los tres del conurbano bonaerense-; además de los jefes comunales de Roque Sáenz Peña (Chaco), Gerardo Cipolini (UCR); de Los Frentones (Chaco), Oreste Paoletti; de la ciudad de Santiago del Estero, Hugo Infante (Frente Cívico); y de San Carlos de Bariloche (Río Negro), Marcelo Cascón (Pdo. Provincia Rionegrino).

También los jefes comunales de Rosario, Miguel Lifschitz (PS); de Aviá Terai (Chaco), Héctor Pellares (Nacional Constitucional); de Concepción del Bermejo (Chaco), Pablo Curín (Alianza); de Posadas (Misiones), Orlando Franco (Renovación); de Villa Río Bermejito (Chaco), Lorenzo Heffner (PJ); de Santa Sylvina (Chaco), Gustavo Steeven (PJ); de Villa Berthet (Chaco), Atlanto Honcheruk (PJ); de Fontana (Chaco), Clide Brianso (Alianza); y de Tartagal (Salta), Sergio Leavy (kirchnerista).

El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, dijo en la reunión que se está frente a un "hecho de corrupción gigantesca" que hay que investigar, tanto por "la ilegalidad en la contratación” y los altos costos pagados por las obras.

Si bien se presumía que muchos de los intendentes que habían sido invitados por la comisión no concurrirían, se especulaba que sí podían hacerlo algunos jefes comunales de procedencia radical de Chaco, donde Madres afincó el 30 por ciento de alrededor de 4.500 viviendas sociales convenidas.

¿Sesión en Chaco? Pero no resultó así y sólo fueron como invitados los legisladores provinciales opositores Sergio Vallejo y Livio Gutiérrez y el subsecretario de Relaciones Institucionales de la municipalidad de Resistencia, Adrián Veleff, quien se comprometió a organizar lo necesario para que la semana próxima la comisión sesione en la capital chaqueña, donde es intendenta la radical Aída Ayala.

El legislador chaqueño Livio Gutiérrez leyó en la reunión un informes del intendente de Roque Sáenz Peña en el que se muestra que “en términos vulgares se los puentean” a los intendentes al momento de firmar los convenios ya que, aparentemente, la contratación con las Madres era influenciada por instrucciones desde el Gobierno nacional.

Con la información que dispone, Gutiérrez indicó que se presentará en la Justicia Federal para que lo investigue.

Denuncias. Por su parte, la diputada Alicia Terada (CC- Chaco) leyó en una reunión una nota que le envió el intendente de Concepción del Bermejo, Pablo Curín, en el que afirma que “nunca ha firmado convenio alguno con el Ministerio de la Nación ni con la Fundación de Madres de Plaza de Mayo” para la construcción de viviendas sociales.

Sin embargo, el jefe comunal indicó que “la única intervención en el municipio de la Fundación fue la construcción del Hospital Ramón Alvarez” que es una obra cuya realización coordinó el gobernador Jorge Capitanich.

Con esto, Terada consideró que “es falso” lo que semanas atrás explicaron en la comisión los subsecretarios nacionales de Obras Públicos, Abel Fatala, y de Vivienda, Luis Bontempo, quienes dijeron que las viviendas se hacían por convenios directos de los municipios con la Fundación.

Por su parte, el diputado Eduardo Macaluse (SI) pidió en la comisión que la investigación legislativa se amplíe a las 30 mil viviendas construidas o en obras gerenciadas por distintas fundaciones y organizaciones y no se circunscriba solo a las pertenecientes a la Fundación de Madres, pero por ahora se centrará en lo ocurrido en Chaco.

Fuente: DyN

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