El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) presentaron esta mañana ante el
juez federal Norberto Oyarbide un escrito en el cual se consigna los
nombres de 16 militantes víctimas de la Triple A, y acusaron al gobierno de
Juan Domingo Perón y Maria Estela Martínez de Perón de fomentar aquella represión.
Con la denuncia de "
homicidios, privaciones ilegales de la libertad y desaparición forzada de
personas" de los militantes del PST, ambos partidos pidieron ser querellantes en la causa
sobre la investigación del accionar de la Triple A.
Los dirigentes izquierdistas
Vilma Ripoll, Raúl Francisco Barbiero, Luis Robles Urquiza (familiar de una
víctima de la Triple A),
Mario Doglio y el abogado Marcelo Parrilli concurrieron hoy Tribunales, junto a
manifestantes que se concentraron frente al edificio de Comodoro Py.
El escrito destacó que
"el 29 de enero de 1974 la Triple A difundió una lista
negra
en la que se encontraban decenas de dirigentes y militantes del
PST, junto a otros de organizaciones políticas y sindicales de oposición al gobierno de Perón y
Martínez de Perón”.
"A partir de esa fecha, lamentablemente,
comenzaron a producirse una serie de atentados contra militantes, dirigentes y
locales del PST que demostraron que aquella lista de personas 'condenadas a muerte' era,
efectivamente, un objetivo que la Triple A se proponía alcanzar", agregó la denuncia.
El escrito incluyó una reseña cronológica de hechos desde noviembre de 1973 hasta
febrero de 1976, que los presentantes calificaron como los "principales episodios" del "marco
represivo impuesto por el gobierno de Juan Perón, primero, y María Estela Martínez de Perón,
posteriormente".
La descripción incluyó atentados con bombas a locales partidarios y homicidios
como los de los obreros Fernández, Meza, Moses Bechara, Zidda, perpetrados en distintas localidades
bonaerenses, en Mendoza y Tucumán.
El escrito recordó que en setiembre de 1974, con los votos del Frente Justicialista de
Liberación (Frejuli) y la presencia de la Unión Cívica Radical, "que dio el quorum indispensable",
se sancionó la ley 20.840, denominada "antisubversiva", contra la libertad de expresión y el
derecho de huelga.