El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) presentaron esta mañana ante el juez federal Norberto Oyarbide un escrito en el cual se consigna los nombres de 16 militantes víctimas de la Triple A, y acusaron al gobierno de Juan Domingo Perón y Maria Estela Martínez de Perón de fomentar aquella represión.
Con la denuncia de " homicidios, privaciones ilegales de la libertad y desaparición forzada de personas" de los militantes del PST, ambos partidos pidieron ser querellantes en la causa sobre la investigación del accionar de la Triple A.
Los dirigentes izquierdistas Vilma Ripoll, Raúl Francisco Barbiero, Luis Robles Urquiza (familiar de una víctima de la Triple A), Mario Doglio y el abogado Marcelo Parrilli concurrieron hoy Tribunales, junto a manifestantes que se concentraron frente al edificio de Comodoro Py.
El escrito destacó que "el 29 de enero de 1974 la Triple A difundió una lista negra en la que se encontraban decenas de dirigentes y militantes del PST, junto a otros de organizaciones políticas y sindicales de oposición al gobierno de Perón y Martínez de Perón”.
"A partir de esa fecha, lamentablemente, comenzaron a producirse una serie de atentados contra militantes, dirigentes y locales del PST que demostraron que aquella lista de personas 'condenadas a muerte' era, efectivamente, un objetivo que la Triple A se proponía alcanzar", agregó la denuncia.
El escrito incluyó una reseña cronológica de hechos desde noviembre de 1973 hasta febrero de 1976, que los presentantes calificaron como los "principales episodios" del "marco represivo impuesto por el gobierno de Juan Perón, primero, y María Estela Martínez de Perón, posteriormente".
La descripción incluyó atentados con bombas a locales partidarios y homicidios como los de los obreros Fernández, Meza, Moses Bechara, Zidda, perpetrados en distintas localidades bonaerenses, en Mendoza y Tucumán.
El escrito recordó que en setiembre de 1974, con los votos del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) y la presencia de la Unión Cívica Radical, "que dio el quorum indispensable", se sancionó la ley 20.840, denominada "antisubversiva", contra la libertad de expresión y el derecho de huelga.
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Ante el juzgado de Oyarbide, el MST y el PST vincularon al ex gobernante y a Isabel con la desaparición de 16 militantes. Afirman que la Triple A anticipó el 29 de enero de 1974 un plan de ejecuciones y que se llevó a cabo.
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