Fondos Fiduciarios: un problema de fondo

Los denominados Fondos Fiduciarios (FF) son un instrumento de confusa figura legal en el manejo de las finanzas públicas, cuyo patrimonio se ha más que quintuplicado en el último lustro. Aun cuando se presentan como herederos de los fideicomisos, su funcionamiento no responde a las características de esos contratos: transparencia, confianza, inmutabilidad, intangibilidad del patrimonio y clara delimitación de quienes son los sujetos que intervienen. Esto es claro al observar que los FF no sólo aparecen contabilizados en el presupuesto público a mero título informativo, sino que además no se encuentran integrados al Sistema de Administración Financiera, no ingresan al Tesoro y no están encuadrados en ningún marco legal.

El ejemplo más notable es el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte. En su origen, fue constituido para desarrollar prioritariamente obras de infraestructura para el sistema de transporte, pero actualmente es un instrumento de subsidio a los gastos corrientes de empresas privadas, incluyendo transporte automotor (pasajeros y cargas), ferroviario y concesionarios viales. En cierto modo, pueden considerarse como un mecanismo que garantiza la continuidad del oscuro proceso de privatización de áreas de servicios públicos.

En la práctica, y a pesar de que el Gobierno los legitima discursivamente como garantía de las prestaciones de servicios públicos, los FF constituyen un oscuro mecanismo de subsidio al capital privado, para lo cual cambian permanentemente sus objetivos, sus beneficiarios y su propio patrimonio. Algunos ni siquiera fueron creados por ley, sino que han sido creados y son manejados como “excepción” mediante decretos.

Pese a las crecientes demandas por una nueva estructura normativa y de control para los FF, no se observan intentos por atenderlas. Peor aún, en el proyecto de Presupuesto 2007 se establece un nuevo artilugio para seguir eludiendo la responsabilidad de ofrecer información pública sobre estos instrumentos posponiendo obligaciones estipuladas en la ley de Responsabilidad Fiscal Federal.

Estas cuestiones no son meramente formales. Los FF están deslegitimando la propia figura del fideicomiso, mientras invocan su nombre pero violan sus principios; apartan fondos del presupuesto que van a subsidiar a ciertos grupos escogidos por el poder político, reducen fondos que pueden destinarse a otros fines de mayor impacto social; permiten el uso arbitrario de recursos públicos continuando por esta vía la práctica de hacer clientelismo político según el criterio de los funcionarios de turno. El manejo de las finanzas públicas no es una cuestión técnica de especialistas: es el espacio social donde se plasma en la práctica el tipo de democracia que quiere un país.

* Director del Banco Ciudad; economista del ARI.