El cuestionado manejo de los fondos judiciales volverá a quedar esta semana en la mira cuando la legisladora porteña Paula Oliveto presente una nueva denuncia, según la cual desde 2008 hasta el presente se desarticularon sistemáticamente los mecanismos de control.
Para Oliveto, en los últimos años se creó “ingeniería financiera entre Corte y Consejo de la Magistratura para desviar fondos públicos”, según adelantó a PERFIL.
El jueves pasado, el kirchnerismo reemplazó al administrador general, Germán Krieger, por Claudio Cholakian, para controlar la caja del Consejo.
En el presupuesto de la Justicia intervienen la Corte Suprema, a través del contador Daniel Marchi, y el Consejo de la Magistratura, ahora con Cholakian, ex auditor del cuerpo y asesor de Diana Conti.
La denuncia promete incrustarse como un cuchillo en una vieja tensión entre Gobierno y Corte.
Oliveto cuestionará el Decreto 557 del año 2005, por el que el entonces presidente, Néstor Kirchner, distribuyó entre Consejo y Máximo Tribunal los recursos que el Tesoro Nacional adjudica al Poder Judicial.
Esa norma asignó el 2,93% a la Magistratura y el 0,57% a la Corte, a la que también concedió las partidas presupuestarias no asignadas o remanentes, que podrían significar grandes cifras. En los hechos, Kirchner privilegió al Máximo Tribunal sobre el Consejo, en contra de la letra constitucional.
