Por Natalia Aguiar. Tras la primicia de Diario PERFIL, una legisladora denunció una "ingeniería financiera entre Corte y Consejo de la Magistratura para desviar fondos públicos".
El cuestionado manejo de los fondos judiciales volvió a quedar en la mira y deberá ser investigado por la justicia federal tras la denuncia que presentó esta mañana la legisladora porteña Paula Oliveto, según la cual desde 2008 hasta el presente se desarticularon sistemáticamente los mecanismos de control, según adelantó PERFIL el domingo pasado.
Para Oliveto, en los últimos años se habría creado una "ingeniería financiera entre Corte y Consejo de la Magistratura para desviar fondos públicos", según adelantó a Perfil.
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El jueves pasado, el kirchnerismo reemplazó al administrador general, Germán Krieger, por Claudio Cholakian, para controlar la caja del Consejo.
La denuncia dejaría expuesta una estructura normativa destinada a desajustar el engranaje de control de los recursos e impedir revisión externa que podría ser “utilizada por el Gobierno para presionar al Máximo Tribunal”, según detallan asesores de la legisladora.
La investigación quedó en manos de la dupla conformada por el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Federico Delgado, quienes ya investigan a Krieger por supuestos actos de corrupción tras otra denuncia de Oliveto. La denuncia revive una vieja tensión entre Gobierno y Corte.
En el presupuesto de la Justicia intervienen la Corte Suprema, a través del contador Daniel Marchi, y el Consejo de la Magistratura, ahora con Cholakian, ex auditor del cuerpo y asesor de Diana Conti.
Oliveto cuestiona el Decreto 557 del año 2005, por el que el entonces presidente, Néstor Kirchner, distribuyó entre Consejo y Máximo Tribunal los recursos que el Tesoro Nacional adjudica al Poder Judicial.
Esa norma asignó el 2,93% a la Magistratura y el 0,57% a la Corte, a la que también concedió las partidas presupuestarias no asignadas o remanentes, que significarían grandes cifras. En los hechos, Kirchner habría privilegiado al Máximo Tribunal sobre el Consejo, en contra de la letra constitucional. Desde entonces se habría construido una plataforma de leyes que habría concentrado las decisiones en el Comité de Inversiones, creado en el 2011 entre Corte y Consejo, como en el Administrador General y en el titular de la Comisión de Administración Financiera de la Magistratura, según la denuncia de Oliveto.
Altas fuentes judiciales, niegan esta estructura y resaltan que la Corte solventó en varias oportunidades los salarios de los judiciales, tras los “desmanejos” que se habrían efectuaron a través del Consejo de la Magistratura con funciones autónomas a las del Máximo Tribunal, resaltaron.
Embates. Cristina Fernández de Kirchner podría modificar el decreto cuestionado con otro que reestructure el presupuesto judicial como parte de una “embestida a la independencia de funciones”.
Con la Justicia en guardia, sectores de la oposición temen que la presión contra los jueces que investigan causas de corrupción sea a través de la acumulación de sanciones disciplinarias. Mecanismo que sólo exige una mayoría de siete votos y que ya estaría puesto en marcha contra el juez federal Claudio Bonadio.
Al oficialismo no le resultará fácil lograr los dos tercios, o nueve votos de trece, para remover un juez. Por ello, para Oliveto resulta preocupante que esta estructura impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner, encubra la posibilidad de ahogo financiero al poder judicial e impida el avance en causas por corrupción vulnerables al oficialismo.
En tanto, el recambio de cargos directivos continuaría el próximo jueves en la Magistratura como dique de contención kirchnerista para resistir la supuesta embestida del estamento judicial que denuncian desde el Gobierno. Para funcionarios judiciales, sería el inicio de una fría puja contra el Máximo Tribunal, quien a partir del 1° de enero contará con una vacancia ante la jubilación de Eugenio Zaffaroni.
