Tras los reclamos de asociaciones ambientalistas y del intendente de la ciudad balnearia, la Justicia dictó una medida cautelar que obstaculiza la actividad autorizada por el Ministerio de Ambiente, que comanda Juan Cabandié.
Ambientalistas. Las organizaciones junto a los habitantes de la ciudad ejercieron presión. |
AFP
La Justicia Federal de Mar del Plata dictó ayer una medida cautelar que dispuso la suspensión del proyecto de exploración petrolera en las costas de Mar del Plata.
Fue una decisión del juez federal Santiago Martín en torno a la iniciativa para avanzar con la explotación a 300 km de la ciudad balnearia que generó fuerte rechazo tanto de organizaciones ambientalistas como del intendente Guillermo Montenegro (PRO).
“Victoria! Hoy la Justicia Federal de Mar del Plata dio lugar a la medida cautelar y ordenó paralizar –de inmediato– la explotación offshore en el Mar Argentino. La decisión judicial es una esperanza y un respaldo a la movilización popular”, publicó Greenpeace a través de las redes sociales, en el que también destacan que “lo hicimos gracias a vos”.
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La sentencia tiene lugar a más de un mes de la autorización del Ministerio de Ambiente a la empresa Equinor para realizar operaciones en los bloques CAN 100, 108, y 114, adyacentes a las costas bonaerenses. El 13 de enero un conjunto de organizaciones locales, ambientales presentaron la demanda colectiva ambiental al Estado argentino para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la aprobación de estos proyectos.
“Este es un verdadero logro del compromiso de la ciudadanía con su patrimonio natural y cultural, el Mar Argentino. Esta suspensión representa un reconocimiento por parte de la Justicia a las comunidades y sus derechos. Seguiremos luchando por el no definitivo a la exploración sísmica”, expresaron las organizaciones.
Enrique Viale, abogado ambientalista patrocinante de la causa, sostuvo: “El fallo es contundente y es una victoria colectiva, popular, en defensa del Mar Argentino, pero además es un triunfo de los principios preventivo y precautorio, columna vertebral del Derecho Ambiental”.
En el fallo del juez Martín se indica que “las autoridades competentes no habrían cumplido con el estándar de máxima publicidad que las obliga, en la medida de los recursos disponibles, a poner a disposición del público y difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible”.
También pone el foco que no se realizó una Evaluación Ambiental Estratégica para conocer el posible impacto del proyecto sobre la flora y fauna marina.
“El impacto sobre los invertebrados marinos, los peces, los mamíferos marinos, las tortugas marinas y aves marinas, como consecuencia de la exposición al sonido irradiado por una campaña sísmica puede resultar significativo. A modo de ejemplo, en el caso de los mamíferos marinos es susceptible de generar lesiones auditivas temporales y permanentes, desplazamientos, alteración del comportamiento (alimentación, reproducción, descanso, migración), entre otros. Para los peces e invertebrados los daños pueden ser físicos y/o fisiológicos, pueden conducir a un deterioro en la audición que reduzca su aptitud de supervivencia, cambios de comportamiento, e incluso hasta la muerte”, señala la resolución”, señala el fallo al que accedió PERFIL.
“Nos hacía ruido, no nos gustaba”
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, celebró la definición de la Justicia y reconoció que se puso “muy contento, no desde el lugar de intendente sino como marplatense”.
El proyecto “era algo que nos hacía ruido, no nos gustaba”. El referente del PRO explicó que “si los marplatenses no sabemos qué se va a hacer en detalle ni cómo va a afectar, no solamente la matriz productiva, sino también la calidad de vida de los vecinos, estamos en contra; ese fue el motivo de la presentación judicial del amparo”.
El recurso que fue presentado hace casi un mes ante la Justicia Federal advertía que no estaban “los elementos necesarios para saber que este tipo de investigación no pueda llegar a dañar lo que tiene que ver con nuestra pesca y con nuestro turismo” y reparó en que “la consecuencia para la ciudad podría ser “permanente”.
En el mismo sentido, solicitaba conocer “si se configura riesgo ambiental, si se ponen en peligro los recursos ictícolas que sustentan gran parte de la actividad económica de la ciudad y la evaluación integral del impacto socio económico”.
