La construcción del microestadio de Atlanta esconde detrás una trama de vinculaciones entre la política, el fútbol y los negocios. Un predio que el Gobierno de la Ciudad le cedió al club de Villa Crespo para que amplíe su sede termina siendo un imponente estadio cerrado para 10 mil personas y promete atraer eventos de renombre nacional e internacional.
En el medio, dirigentes del PRO que trabajaron para los acuerdos terminan involucrados en la empresa Lugones Center, que se hizo cargo de la construcción y administración del Buenos Aires Atlanta Arena. En un principio, se prometió que la obra iba a ser financiada por la empresa de Nicolás Caputo –íntimo amigo de Mauricio Macri–, aunque finalmente los aportes de crédito mayoritarios corrieron por cuenta del Banco Ciudad, que ya puso más de 100 millones de pesos.
Convenio. El predio de la discordia pertenecía inicialmete a Atlanta, pero lo perdió luego de repetidas crisis. En 2003, la Legislatura vota un primer proyecto para expropiar esos terrenos. Recién en 2012, sin embargo, los diputados porteños aprueban el comodato por el cual el Gobierno le cede los terrenos al club por veinte años. El inciso cuarto especificaba que debía ser utilizado para la “ampliación de la sede e instalaciones deportivas” y que, en caso contrario, el Ejecutivo podía rescindir el contrato. Los diputados Rafael Gentili y Delia Bisutti plantearon una disidencia parcial en su momento, para clausurar la posibilidad de que las instalaciones sean “explotadas comercialmente por terceros”, pero no fue aceptada.
Apenas unos meses después, el club estaba firmando un convenio con la empresa Lugones Center, propiedad de Miguel Mancini, ex presidente del Club Obras Sanitarias (de donde se fue con denuncias por irregularidades) y padre de Raquel, la modelo. Los primeros pasos los dio en sociedad con Torneos y Competencias, hoy en boca del mundo por las denuncias contra su CEO, Alejandro Burzaco. Desde la empresa, no obstante, aseguran que Torneos hoy no participa activamente.
“Creo que detrás de una noble acción del Estado, como ayudar a un club a recuperar y ampliar su sede, se esconden funcionarios, directivos y empresarios que vieron la posibilidad de hacer un gran negocio”, explicó el auditor porteño Facundo Del Gaiso, que investiga el tema.
Funcionarios. Quienes vivieron todo el proceso en la Legislatura recuerdan que diversos directivos y simpatizantes de Atlanta hacían lobby para que prosperara la iniciativa. Uno de los señalados como de los más activos era Javier Ibáñez, era titular de la Agencia Gubernamental de Control, pasó por el Teatro Colón y ahora está en el Ministerio de Modernización. Este año trabajó en la campaña de Gabriela Michetti. En 2012, era vocal del club bohemio, y formó parte de las negociaciones con Lugones Center en varios tramos del proyecto. Para el club significa un ingreso considerable: más de un millón de dólares durante la obra y 114 mil dólares por mes cuando esté activo.
Lo llamativo es que en abril último ingresó al directorio de Lugones Center Osmar Alza, hombre de confianza de Ibañez, con quien trabajó en la AGC y luego en el Teatro Colón. En diálogo con PERFIL, tanto Alza como Ibáñez aseguraron que fue una “casualidad”. “Somos amigos”, reconocen. Ibáñez asegura que hace un año no va a Atlanta, pero acepta que estuvo en las negociaciones con Lugones para que no se cayera el convenio (cuando la obra estaba frenada). Alza dice que su llegada se dio por un vínculo anterior que tenía con Mancini.
Ciudad. Desde el banco reconocieron el crédito, aseguraron que cumplía con todos los requisitos y que se otorgó en el marco de una norma del Central que obliga a las entidades a dar un cupo de créditos a pymes para inversiones productivas. La garantía es la recaudación y hasta el propio estadio. Además, el comodato obligaba al club a dejar 2.500 metros cuadrados para la construcción de un jardín de infantes, pero todavía no avanzó en ese sentido.
