Néstor Kirchner lo supo antes que nadie. El martes 15, tres días antes del fallo judicial que lo absolvió a él y a la Presidenta en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, un informante con influencias en la Corte Suprema le dio la buena noticia: el cuerpo de peritos del máximo tribunal había determinado –en tiempo récord, apenas un mes– que su declaración jurada no tenía ningún viso de ilegalidad. El informante de Kirchner no era otro que su contador, Víctor Alejandro Manzanares, que había participado –por más insólito que parezca– del peritaje judicial.
Por esas mismas horas convocaron a un importante miembro de la Corte a la Quinta de Olivos y enviaron un auto a recogerlo. El juez, consultado por esta revista, desmiente haber ido a la residencia, pero dos funcionarios confiables aseguran haberlo visto allí. No se conocen las precisiones de su conversación con Kirchner, pero lo cierto es que el ex presidente estaba ávido de detalles tras enterarse de su sobreseimiento inminente. Y se preguntaba en voz alta cómo reaccionaría la Corte si Kirchner y su esposa terminaban absueltos. ¿ El máximo tribunal podría convertirse en la instancia final de ese expediente ante una serie de apelaciones? El juez escuchaba. Y Kirchner se felicitaba por su triunfo en la Justicia. Los contadores que lo habían encontrado inocente merecían su aplauso. “¿Y ahora qué van a decir? ¿Que los de la Corte son míos?”, se ufanó.
Lo que siguió es historia conocida. El viernes 18, el juez federal Norberto Oyarbide redactó el polémico fallo absolutorio que recién se hizo público el lunes siguiente, en vísperas de la Navidad y al filo de la feria judicial. Según el magistrado, el llamativo incremento del patrimonio de los Kirchner – que pasó de 2.239.515 pesos en el 2002 a 46.036.711 en su última rendición de cuentas, es decir, 21 veces más– no tiene nada de ilegítimo. El fallo se basaba, decía, en la “contundencia” del informe de los peritos de la Corte, aunque no entraba en detalles.
La decisión conmocionó al ambiente político, hizo que la oposición amenazara con un posible juicio político a Oyarbide y le alegró las fiestas al matrimonio presidencial. Al cierre de esta edición, el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, no había apelado la medida ante la Cámara Federal.
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