El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que "no se ajusta a la verdad" y "es bastante liviana" la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que exigió la liberación de la dirigente social Milagro Sala.
Antes de partir hacia China para cerrar acuerdos para la construcción de una planta de energía solar en Jujuy, Morales se refirió al documento emitido por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que reclamó tanto la liberación de Sala como una reparación adecuada, tras casi diez meses de prisión. "Su opinión es bastante liviana", sostuvo el gobernador, a la vez que consideró que "el informe no se ajusta a la verdad".
"Afirmar que está presa por el acampe y desconocer que se robaron 29 millones de pesos, algo que hemos visto todos los argentinos, no se ajusta a la verdad", sostuvo el mandatario.
En ese sentido, se refirió tanto al acampe frente a la Casa de Gobierno, que llevó a cabo la organización liderara por Sala durante 50 días, tras la asunción en el cargo de Morales; como a la causa por el supuesto desvío de fondos nacionales que estaban destinados a la construcción de viviendas.
Según el jefe del Ejecutivo provincial, los integrantes del Grupo de la ONU manifiestan "desconocimiento de situaciones, cerraron un informe a abril por lo que no tienen toda la historia", consideró. Así, enumeró, "desconocen que ya es cosa juzgada" la denuncia por la manifestación, a la vez que "no tienen fueros los parlamentarios del Mercosur" como es el caso de la líder de la organización Tupac Amaru.
"Además hay dos prisiones preventivas dictadas en causas contra Sala, hay una megacausa, así que me parece que no han contado con toda la información", subrayó. Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que presentó la denuncia ante la ONU por la detención de Sala, rechazó que desconocieran todas las instancias del caso. "Las afirmaciones son incorrectas, el Grupo analizó todas las causas judiciales que hay contra Sala y decidió que la detención es arbitraria", afirmó.
Finalmente, tal como dijo días pasado el gobierno nacional, Morales recordó que la resolución "no es vinculante" para Argentina por "lo que no genera ningún tipo de obligación sobre el Estado argentino o sobre el Poder Judicial".