El ex ministro de Justicia macrista levantó el perfil. La decisión de Germán Garavano fue empujada por la agenda judicial que impulsa el gobierno de Alberto Fernández. También, por la multiplicación de imputaciones y procesamientos contra ex funcionarios de Juntos por el Cambio. Una tendencia que Garavano define como una “avanzada política”, si bien aclara que “hay que ver expediente por expediente”.
—¿Qué opina del proyecto de reforma judicial oficial?
—Hay un desenfoque. Está orientada sólo al tema penal. No está en línea con el sistema acusatorio, que cumple un año en Jujuy y Salta, y ahora se debería implementar en Santa Fe y Mendoza. La reforma debería ir por ahí más que por ampliar juzgados federales.
—¿Durante su gestión se podría haber avanzado más hacia el sistema acusatorio?
—Fue lo que se pudo. Tuvimos resistencias enormes. El mismo Congreso trababa. Tuvimos que cambiar el Código Procesal Penal. Era la primera vez que se hacía. Los resultados fueron buenos.
—Ustedes tenían un proyecto para ampliar juzgados federales en el interior. ¿Por qué se oponen?
—Ellos copiaron nuestro proyecto. Pero tiene bastantes trampitas de letra chica. El nuestro estaba atado a la aprobación de un nuevo código penal, civil y comercial. En términos generales acompañamos eso. Pero ahora la prioridad debería ser ir al sistema acusatorio.
—No parece que al Gobierno le vaya a resultar fácil aprobar el proyecto, ante la resistencia de la oposición y buena parte de la Justicia.
—Hubo críticas de Graciela Camaño y dudas de Sergio Massa. No es un buen proyecto. Me hubiera gustado salir a apoyarlo. Pero hay una necesidad de generar espacios en Comodoro Py, duplicar la cantidad de jueces. Esa es la prioridad y es una pena.
—Sobre el comité judicial que en paralelo asesorará al Presidente, ¿qué mirada tiene?
—Es raro. A las jueces mujeres les tengo respeto. También a León Arslanian y a Andrés Gil Domínguez. Carlos Beraldi tiñe el comité. La posibilidad de ampliar la Corte, con la división en salas es peligroso en términos institucionales. Veremos cómo trabaja.
—¿Qué piensa de la revisión de los traslados de diez jueces que no pasaron por el Senado?
—Es muy malo. Hay una afectación de la garantía de inamovilidad de los jueces. Hubo muchos casos así, incluso durante el kirchnerismo. De golpe el Consejo se pone a examinar ese tema. Veremos si Alberto se anima a mandar los pliegos al Senado. Quiero ver qué le dicen Ibarra Ibarra y Marcela Losardo, que son buenas juristas. Quizás sólo es una maniobra de presión para que renuncien.
—¿Qué piensa de las imputaciones y procesamientos contra ex funcionarios macristas?
—Hay que verlos uno a uno. Evidentemente hay una avanzada política en tema comercial del Correo contra el ex presidente. En la de peajes, Rodolfo Canicoba Corral dictó procesamientos groseramente prefabricados. Es la propia locura de Canicoba yéndose enojado. Lo de María Servini parecía un pedido de informes hecho por un servicio de inteligencia. Hay una ofensiva, pero hay que ver expediente por expediente.
—¿Sobre el procesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani?
—Hay una ofensiva política. El hecho se conocía y ya fue investigado. Además Juan Pablo Augé es incompetente. Es ridículo que la causa está en Lomas de Zamora. Hay un condimento político y Cristina Caamaño es herramienta de esos ataques.
