patricia blanco fernandez
Dos llamados complican a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, en una causa que investiga si existió un plan para proteger a la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez en la causa por “la ruta del dinero K”. Pero desde el entorno de la Procuradora minimizan el hallazgo: dicen que la funcionaria también charla con el jefe de Gabinete macrista, Marcos Peña. Y dicen que en ese caso fue para pedir partidas
presupuestarias o por nombramientos de fiscales.
Fue una voz en el teléfono, pero puede convertirse en prueba clave para determinar si existió protección oficial sobre Báez cuando estalló el escándalo por el que terminó preso. Un informe que tiene en sus manos el juez Marcelo Martínez de Giorgi establece que Gils Carbó marcó el número de la Presidencia cuando la fiscalía debía definir cómo y hacia quién orientar la investigación.
PERFIL anticipó hace un mes que analizaban los llamados que hizo la Procuradora entre el 11 y el 18 de abril del 2013. ¿Por qué? Porque el 14 de abril Jorge Lanata puso al aire las revelaciones de Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Se cree que a partir de allí hubo una red de protección para que sólo se acusara a esos jóvenes y por esa sospecha ya están procesados los entonces fiscales antilavado, Carlos Gonella y Omar Orsi.
La cuestión a determinar ahora es si ellos siguieron órdenes de su jefa y si ésta recibió instrucciones de la Rosada. Los peritajes muestran que desde el celular de Gils Carbó se llamó en la mañana del lunes 15 a un teléfono de la Secretaría Legal y Técnico, que usaría Carlos Liuzzi, número dos de Carlos Zannini. El segundo llamado fue el jueves 18, una hora antes de que se presentara el dictamen ante el juez Sebastián Casanello.
Ese es uno de los argumentos que usó Martín Báez, hijo de Lázaro, para recusar a Casanello diciendo que orientó la causa para no avanzar sobre el kirchnerismo.