Resistir, apelar y denunciar. Ni renuncia ni licencia. Esta es la estrategia que ya puso en marcha la procuradora Alejandra Gils Carbó desde que el juez Julián Ercolini firmó el jueves su procesamiento por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y la embargó por $ 7 millones, a raíz de irregularidades en la compra de un edificio.
Ayer, cuando el Gobierno le pedía que diera un paso al costado y en el Congreso anunciaban un nuevo pedido de juicio político, la jefa de los fiscales se afianzó más fuertemente en su cargo. “Debemos permanecer firmes y no ceder ante las presiones, porque en cada decisión que tomamos, en cada una de nuestras intervenciones estamos poniendo en juego la vigencia del Estado de derecho”, dijo ayer en un acto tras tomar juramento a cinco fiscales generales.
Fue el abogado León Arslanian, defensor de Gils Carbó, quien se encargó de decir que el fallo generó “estupor” y “suspicacias” a días de las elecciones.
En sus manos está librar la batalla legal en dos frentes: en la Cámara Federal para despegar a su clienta de la maniobra por las jugosas comisiones que se pagaron por el edificio de Perón 667, y en el fuero contencioso administrativo para frenar un intento de desplazar sin juicio político al titular del Ministerio Público.
“Era un golpe que esperábamos –dijeron a PERFIL en el entorno de Gils Carbó–. Nos vamos a apegar a la ley y la inamovilidad que da el cargo. ¿Cómo hará el Gobierno para violar la ley? No lo sabemos”. En el imaginario aparece un decreto o un cambio de legislación sobre el Ministerio Público que revoque el cargo vitalicio de su titular.
Para eso Gils Carbó tiene guardado un as bajo la manga: según pudo saber PERFIL, la jefa de los fiscales no sólo se comparará con su par venezolana Luisa Ortega, sino con Eduardo Sosa, el procurador de Santa Cruz desplazado en 1995 durante el gobierno provincial de Néstor Kirchner. En aquel momento, una reforma reestructuró el Ministerio Público provincial. Sosa fue apartado y nunca pudo ser repuesto en su cargo, pese a los numerosos emplazamientos de la Corte Suprema. Se daría así la ironía de apelar a una bandera que enarboló el antikirchnerismo en beneficio propio.
“Vamos a llegar incluso a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta persecución”, advierten sus allegados.
El fallo no le impedirá cumplir con su agenda: ayer consiguió la autorización del fiscal Eduardo Taiano para salir del país. Viajará a Panamá por una reunión de fiscales por el caso Odebrecht, y el 7 de noviembre volará a Roma a ver al papa Francisco, una foto que –se prevé– incomodará al oficialismo.
