A sólo horas de la segunda vuelta electoral, la posibilidad de un triunfo de Mauricio Macri no cambió los ánimos de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La jefa de los fiscales del país reunió en los últimos días a sus colaboradores y a los fiscales de las unidades especiales que creó en los últimos tres años para confirmarles que no renunciará al cargo, gane quien gane mañana.
¿Cuánta presión está dispuesta a soportar? Macri ya pidió su renuncia públicamente y sus principales alfiles en la Comisión de juicio político en el Congreso preparan los argumentos para un posible jury para apartarla del cargo, como publicó PERFIL la semana pasada. Ayer, el gremio de los judiciales, que conduce Julio Piumato, anunció que realizará un paro con movilización para el 2 de diciembre para reclamar su renuncia. Piumato es un aliado de Hugo Moyano, quien busca cerrar acuerdos con Macri, si es electo. El macrismo no quiere llegar a un juicio político y prefiere que renuncie. En el entorno de Gils Carbó creen que “no tienen con qué” iniciarle un jury. La diputada Laura Alonso no cree lo mismo y estudia los nombramientos de fiscales y personal de la Procuración en busca de supuestas irregularidades. Los concursos para fiscales ahora son orales y públicos, además de escritos. Pero aún así varios concursantes denunciaron favoritismo político e irregularidades.
Lo que más le preocupa a los fiscales que la acompañan es que el próximo gobierno dé vuelta atrás con las reformas impulsadas por Gils Carbó y el kirchnerismo. Los más autocríticos, reconocen que cometieron errores, pero resaltan que se dio un paso en los que llaman “democratización de la Justicia”. Algunos de los nombres que suenan para sustituirla encendieron las alarmas: no es que estén en la vereda de enfrente, son acérrimos enemigos de Gils Carbó.
En los últimos días, la Procuración se movió con normalidad, evitando un rostro de fin de ciclo. En Comodoro Py, principal centro de conflicto, instalaron un televisor para exhibir el sitio oficial de los fiscales, como hizo la Corte Suprema con el suyo, y colgaron nueva cartelería propia. Además, inauguraron una nueva unidad fiscal contra el ciberdelito.
El fiscal antilavado, Carlos Gonella, también será prioridad para el macrismo. Aseguran que pedirán su traslado a una fiscalía del Tribunal Oral de Formosa, para la cual fue designado.
Este medio ya adelantó que el macrismo está dispuesta a prorrogar las leyes reglamentarias del nuevo Código Procesal Penal para evitar que entre en vigencia el sistema acusatorio, mediante el cual las investigaciones pasan a manos de los fiscales.
