La siguiente historia está basada en hechos verídicos. Un ciudadano transita un proceso judicial por, digamos, atropellar a un transeúnte. El juez de primera instancia que le toca en suerte es un magistrado “provisorio”, de los llamados subrogantes.
Probablemente, se trate de un secretario que ocupa el cargo hasta que llegue la designación oficial, algo que hoy puede tardar más de 2 años. No sería extraño que el fiscal de la causa también fuese interino, un miembro de la Fiscalía nombrado de forma temporaria para tapar el hueco. Lo mismo puede pasar con el defensor público que se asigne al implicado, si éste no tiene para pagar a un abogado. Y ya en el final del periplo, en el tribunal oral que va a fallar a favor o en contra del acusado, es posible que haya otros magistrados “suplentes”.
La moraleja de esta fábula es que se puede vivir en la Argentina todo un proceso judicial habiendo sido acusado, defendido y juzgado por una Justicia designada “para salir del paso”. Una política improvisada que, en muchos casos, multiplica y petrifica en el tiempo interinatos que deberían ser excepcionales, que no dota a la Justicia con los recursos humanos suficientes, y que firma designaciones sin seguir los pasos que exige la ley para garantizar la idoneidad de quienes ocupan esos lustrosos sillones.
Si se suman los nombramientos provisorios a octubre de 2006, entre jueces nacionales, fiscales y defensores públicos oficiales, el 19 por ciento de la Justicia local es interina. Casi 280 funcionarios de emergencia. Al desmenuzar esa cifra, de los 361 cargos del Ministerio Público Fiscal, el 18 por ciento está vacante. Son 66 fiscalías, 58 de ellas a cargo de subrogantes. En el Ministerio Público de la Defensa, el cuadro es similar: sobre 183 defensorías, casi el 18 por ciento no tiene titular. Y si se hace foco en el interior del país, los defensores interinos superan el 22 por ciento. Cabe mencionar que existe una histórica desigualdad entre el número de defensorías públicas oficiales y los juzgados y fiscalías ante los que deben actuar.
Pero mientras se sube en la pirámide de responsabilidad, mayor es la informalidad de los cargos. Por eso, la situación más crítica se da entre los “señores jueces”.
Más suplentes que titulares. En los últimos tres años de gobierno K, se nombraron 333 jueces “suplentes”, de los cuales 181 (más del 50 por ciento) están en funciones cubriendo juzgados aún vacantes. En lo que va del año, 107 magistrados subrogantes fueron designados, contra sólo 17 titulares. Es decir, cada vez que se eligió a un magistrado oficial, se nombraron seis interinos. Y esto, a pesar de que el Ejecutivo posee ternas listas para cubrir 73 cargos, remitidas por el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de elegir postulantes.
“La designación de un juez es un acto complejo”, se resigna el consejero Eduardo Orio, presidente de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. “Nosotros estamos bastante al día, el problema es cuando la terna va al Ejecutivo. En el Consejo, el proceso es largo: exige publicación, valoración de antecedente, prueba de oposición, impugnaciones. Esto demora por lo menos 180 días. Pero el Ejecutivo sólo tiene que elegir un nombre de la terna y podría hacerlo instantáneamente”, dice Orio.
Si se hace un promedio, desde que surge la vacante hasta que el Presidente firma la designación, suelen pasar casi dos años. Y cuando aparecen obstáculos extras, el proceso parece no tener fin. Algo así sucede con el juzgado federal de Catamarca, dejado vacante en octubre de 2001, luego de que su titular fuese trasladado justamente para cubrir otro sillón vacío. Recién en abril de 2003, el Consejo elevó la terna al Ejecutivo, que se tomó un año en pedir el acuerdo a Senadores para su candidato, la hoy defensora pública Amalina Silvia Elena Assaf. Pero la designación “no sale”. Los tres senadores catamarqueños (dos por el Frente Cívico y Social y un justicialista) no quieren a Assaf.
Otro caso interminable es el del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 2, con terna enviada en septiembre de 2004. El Presidente pidió a Domingo Montanaro y lo elevó al Senado. Pero Montanaro, que era juez interino en el mismo cargo al que se postulaba, no pasó el test psicológico que se le pedía para renovar la suplencia. Para el Consejo no es apto, el Presidente lo eligió igual, la Cámara no sabe qué hacer y el juzgado sigue esperando.
El juez sin rostro. “En el examen, el candidato elige al azar entre tres sobres lacrados, con un caso en que va a fallar. La prueba es anónima. Hasta después de la corrección, el evaluador sólo tiene una clave alfanumérica. Como medida de seguridad está bien, pero todos sabemos que las letras de las personas son muy distintas, ¿no?”. Quien habla es secretario de un juzgado federal y ha participado en varios concursos.
“El examen es agotador, dura hasta 8 horas y sólo podés salir para ir al baño”, agrega el funcionario, para quien “en realidad, lo que más pesa en la designación es la antigüedad en el Poder Judicial”, y por eso, “para los que vienen de afuera es más difícil”. Este secretario asegura que durante el concurso el candidato busca influir en la designación, aun cuando las ternas ya están en el Senado. “No te podés quedar dormido”, grafica.
El abogado Horacio Lynch, miembro del Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia (Fores), asegura que este proceso no determina cuál es el perfil de magistrado que se busca: “El sistema de concursos, que incluso está cuestionado en el mundo académico, sólo puede dar malos resultados aplicado a un juez. Más que conocimientos duros, se deberían buscar ciertas habilidades y facultades.”
Lynch opina que el sistema actual alienta el ‘credencialismo’. “En la profesión, el que trabaja no tiene tiempo para escribir papers o libros”, dice. Al respecto, el mencionado secretario recuerda que cuando se instauraron los concursos del Consejo, hubo un boom de posgrados y masters. “Todos sabíamos que había que juntar papelitos”, comenta.
No ejecutivo. Para el consejero Beinusz Szmukler, abogado y miembro de la Comisión de Selección, el problema de tener tantos subrogantes es que “no son jueces de la Constitución, con lo cual la gente es juzgada por funcionarios que no son jueces, y puede traer consecuencias serias en materia penal, incluso terminar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Por otra parte, continúa Szmukler, “su capacidad para dictar sentencia no está probada, porque no han pasado por el concurso y, entonces, no hay garantías”.
La Constitución pide que los jueces sean designados por el Presidente con acuerdo del Senado, pero a los subrogantes los nombra directamente el Consejo. Así, la diferencia de criterios entre titulares y suplentes es patente. Mientras a un juez oficial se lo somete a un arduo proceso, esto no pasa con el interino, a quien se le dan idénticas atribuciones. “El subrogante es una mera designación del Consejo”, dice Szmukler. Junto a las quejas por su idoneidad, los suplentes son más débiles ante las presiones del poder político, económico y judicial. También es más fácil quitarlos del camino. No hace falta un juicio político, se los puede echar con un acto administrativo de la Comisión de Disciplina.
Para la diputada del ARI Marcela Rodríguez, esto derriba uno de los argumentos del kirchnerismo para foguear la reforma del Consejo. “La razón del retraso en las designaciones deben buscarse en el Ejecutivo. Es él quien se toma al menos 11 meses acumulando ternas, para así ampliar su discrecionalidad en las selecciones.”
Rodríguez, miembro de la Comisión de Acusación del Consejo, afirma que como muchos candidatos participan en varios concursos y los mejores son elegidos en más de una terna, al “pisarlas”, el Gobierno “puede decidir en qué juzgado designar a los postulantes según sus conveniencias políticas, o habilitar a otros que están en listas complementarias”. Para la diputada, “ésta es la verdadera causa de los retrasos”.
Según Eduardo Orio, varias veces manifestaron su “preocupación” al Gobierno ante una Justicia con tantos jueces interinos, porque “para la gente se crea una situación de inseguridad jurídica”. Orio recuerda que “antes no había más de 70 u 80 subrogantes”, y dice que hoy a las demoras se suma una avalancha de renuncias: en los últimos tres años, más de 140 jueces colgaron la toga. Para explicar este verdadero récord, se habla de recambio generacional, falta de apoyo, hartazgo y desprestigio. Son la generación de los 90. Algunos fueron removidos por escándalos, otros se fueron antes de ser echados y la mayoría se jubiló.
Mientras en Diputados se apura un proyecto de la legisladora oficialista Diana Conti, que busca perfeccionar el régimen de subrogancia, la administración K sigue añejando una pila de ternas ya listas para reemplazar a muchos de los jueces que faltan. Por ahora, al Gobierno le gusta que jueguen los suplentes.
Destituciones récord y presiones políticas
En siete años, el Consejo de la Magistratura ha impulsado 19 juicios y removido a 9 jueces. El dato cobra dimensión si se tiene en cuenta que en los 138 años que van desde 1853 a 1998, sólo 27 jueces fueron acusados y apenas 19 destituidos. Sin embargo, para la diputada del ARI Marcela Rodríguez, miembro de la Comisión de Acusación, hubo otros “10 casos de jueces a los que se les atribuían graves faltas y que no fueron removidos ni sancionados por la oposición de los consejeros oficialistas”. También agrega que ahora “el Gobierno busca garantizar la impunidad fijando un plazo de caducidad para las acusaciones, lo que permitiría archivar causas”.
La legisladora menciona “la protección” a Juan José Galeano y a Claudio Bonadío en el caso AMIA. “En la investigación (que destituyó a Galeano), los diputados oficialistas dilataron el trámite”, asegura. En cuanto a Bonadío, Rodríguez se pregunta por qué el expediente de un juez sospechoso de tan graves irregularidades terminó en la Comisión de Disciplina, encargada de faltas que no implican remoción.
“Fue una maniobra para protegerlo”, sostiene la consejera del ARI, porque “casualmente, en esa comisión estaban dos de los colaboradores más cercanos al oficialismo en temas de Justicia: el senador Miguel Angel Pichetto y el ex senador Jorge Yoma.”
El consejero Beinusz Szmukler señala, en un artículo de su autoría, que “como aún casi tres cuartas partes de los jueces fueron designados a dedo con el sistema anterior, cuando alguno es denunciado, aunque haya semiplena prueba de su mal desempeño, es difícil lograr los dos tercios para su acusación si a la defensa corporativa de los consejeros jueces se une la decisión de los del partido oficial”.
En la denuncia contra Guillermo Tiscornia (causa “aduana paralela”), tres consejeros oficialistas se abstuvieron de votar y no se llegó a los dos tercios. “Suele pasar cuando es evidente que corresponde votar la acusación pero por compromisos políticos no lo hacen”, dispara Rodríguez. Hoy, el Consejo tiene en estudio otro expediente contra Tiscornia por un supuesto pedido de coimas.
En diez días arranca el “nuevo” Consejo
A partir del 17 de noviembre, el Consejo de la Magistratura aplicará las polémicas reformas conseguidas por el kirchnerismo, que como nunca antes mostró los dientes en el debate. Para la senadora Cristina Fernández, esto vendría a paliar los males del corporativismo y la burocracia en el Consejo. En lo concreto , de los 20 miembros actuales quedarán 13. Una nueva estructura con efectos directos sobre el control del organismo, que estará en las manos de los consejeros K.
Dos de los sectores más perjudicados son los abogados y los académicos, que pierden el 50% de su representación. En el caso de los jueces, pasan de 4 miembros a 3. Pero la perla del Consejo reformado está en el cuerpo de senadores y diputados, que hoy suman 8 y en semanas serán 6, luego de eliminar a los dos consejeros que representan a las segundas minorías de cada Cámara.
Como el Frente para la Victoria tiene mayoría en el Congreso, el oficialismo, de poseer un 25% de los consejeros (5 sobre 20), acumulará casi un 40% (5 de 13). Esto le asegura poder de veto sobre las decisiones más importantes: la acusación de un juez y la aprobación de las ternas para cubrir vacantes, donde se debe reunir una mayoría de 2/3. Bastará con que los legisladores K voten en contra o se abstengan para manejar el pulso de la selección y remoción de magistrados.
La diputada del ARI Marcela Rodríguez asegura que el gran riesgo de debilitar a las minorías es que siempre fueron ellas las que denunciaron las irregularidades más graves en el Consejo e impulsaron las investigaciones que llevaron a la destitución de jueces por mal desempeño
Gobierno manipulador: en la Justicia hay casi 300 jueces, fiscales y defensores interinos
Hasta octubre último, el 20 por ciento de la Justicia nacional era “suplente”. Entre renuncias, remociones y ascensos, el hueco de los cargos judiciales es cada vez mayor. Como respuesta, el Gobierno demora las designaciones y agrava la crisis. Para qué sirvió cambiar el Consejo de la Magistratura. Cómo se eligen los jueces y qué perfil tienen. Los riesgos de dejar actuar a magistrados que estarían fuera de lo que establece la Constitución. Galería de fotos
