En un camino paralelo y de menor visibilidad al que lleva la campaña electoral camino a las generales, en el plano judicial estalló un conflicto que mantiene enfrentados no sólo al oficialismo y la oposición, sino que también a constitucionalistas y representantes del derecho. Se trata de la ley que aprobó la Legislatura porteña el mes pasado para dotar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) de facultades revisar causas nacionales. La iniciativa que fue convalidada por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y que la semana pasada recibió dos amparos que la rechazan por considerarla “inconstitucional”. En el plano político, el Frente de Todos sostiene que la ley favorecería a la familia Macri en la Causa Correo.
Una de las presentaciones lleva la firma de Eduardo Awad, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°8, a cargo de la jueza María Cecilia Gilardi Madariaga, que debe definir en los próximos días si hace o no lugar. Allí sostienen que “vemos azorados como en la Legislatura de la Ciudad, una mayoría circunstancial de legisladores ha decidido avanzar y votar un proyecto de ley que resulta absolutamente violatorio de la Constitución Nacional y de las más elementales normas del derecho y de la tan mentada ‘seguridad jurídica’”.
A su vez, en la medida cautelar advierten que la supuesta violación a la Constitución “podría aparejar innumerables consecuencias” para la Ciudad de Buenos Aires. También reiteran que la Legislatura porteña no era el lugar en el que se debía haber tratado la posibilidad de que el TSJ pueda revisar causas nacionales como instancia previa a la Corte Suprema de Justicia.
“La Ciudad no tiene competencia para dictar ese tipo de normas, el Congreso debe hacerlo. Pero tampoco estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión porque creemos que hay un espíritu secesionista porque parece que se quiere tener un país dentro de otro”, dijo a PERFIL Jorge Rizzo, abogado en representación de Awad y autor de la otra presentación que busca detener la aplicación de la ley.
A fines de septiembre, la Legislatura aprobó la modificación de la ley 402 de procedimientos ante el TSJ y le dio la posibilidad de expedirse sobre fallos o presentaciones provenientes de Juzgados nacionales con asiento en la Capital Federal. El oficialismo porteño argumentó que la idea buscó garantizar la autonomía de la Ciudad mientras que la oposición denunció que por medio de la ley se intenta favorecer a la familia Macri para que avancen sus pretensiones en la Causa Correo.
“En el rechazo a la ley no hubo grietas: la Asociación de Magistrados la rechazó al igual que sus adversarios de Justicia Legítima; (Julio) Piumato de la Unión de Empleados Judiciales también lo hizo al igual que sus antagónicos del Sindicato de Trabajadores Judiciales. El procurador (Eduardo) Casal también advirtió que no se puede, lo mismo con la Asociación de Fiscales, es decir, se ha unificado el rechazo y del otro lado quedaron solo los abogados del PRO y los radicales”, agregó Rizzo.
El contexto de la cuestionada ley porteña
Desde la óptica porteña, la Ley viene a cumplir con una deuda relacionada al proceso de traspaso de la Justicia a la Ciudad, algo que se fijó en la Reforma Constitucional de 1994 y se fijó dos años después en la Constitución porteña pero que aún no se ha cumplimentado del todo. Es decir, se decidió que la Capital Federal debía intervenir y controlar causas de diferentes materias y Juzgados pero sólo se ha instrumentado parcialmente a partir de diferentes convenios.
Anteriormente, el legislador de Vamos Juntos Gastón Blanchetiére, quién propuso la modificación que introdujo la posibilidad de que el TSJ trate causas nacionales, dijo a este medio que la iniciativa “busca saldar de una vez por todas una cuestión que se viene planteando hace rato”. En esa línea descartó que se trate de la creación “de una nueva vía o tercera instancia”, sino que “estamos aclarando algo que se establece en la Ley 48 que regula el acceso a la presentación de recursos ante la Corte, algo que en el caso de las provincias, para llegar a esa instancia siempre hay que pasar por los Tribunales Superiores de Justicia”.
En cambio, desde el Frente de Todos se multiplicaron las voces que rechazaron la ley por considerar que la Legislatura no tiene las facultades para instrumentarla y esgrimieron que se trata de una estrategia del oficialismo porteño para que la familia Macri tenga a disposición una estrategia de “fórum shopping” o elección del Tribunal más conveniente. En ese caso sería el TSJ, apuntado por estar conformado en su mayoría por jueces vinculados al PRO como la presidenta Inés Weimberg de Roca, candidata del ex presidente Mauricio Macri para ocupar la Procuración General; el vocal Santiago Otamendi ex secretario de Justicia durante la gestión de Germán Garavano en esa cartera nacional y Marcela de Langhe, ex directora del Instituto de Formación de la Policía de la Ciudad.
Hace algunas semanas, el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que el TSJ no tenía facultades de revisión de decisiones de causas nacionales. Fue en el “Caso Levinas”, después que la Sala A de la Cámara de Apelaciones frenó la pretensión de los acusados para que el TSJ revise las decisiones de los camaristas nacionales. A pesar de eso los jueces del Máximo Tribunal porteño decidieron hacer lugar a la presentación en una medida que llevó la firma de todos los integrantes. Algo similar ocurrió en la Causa Correo, cuando la familia Macri había recurrido al TSJ para que revise una decisión de la Cámara que les era desfavorable.
En el plano cotidiano, los detractores de la iniciativa sostienen que puede afectar a los vecinos y vecinas de la ciudad. Aseguran que se trata de “una tercera vía” que insumiría el gasto de más dinero y mayor cantidad de tiempo al emprender un proceso judicial.
Reforma de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires | Groseramente inconstitucional
Cruces entre constitucionalistas por la forma
Ante el avance de las manifestaciones de rechazo a la medida, PERFIL consultó al abogado constitucionalista Daniel Sabsay, cercano al macrismo, quien reconoció que en los términos formales Casal tuvo razón al rechazar esa posibilidad. Sin embargo, defendió la ley al asegurar que “alguien tiene que hacer” que se cumpla con la Constitución en relación al traspaso.
“Al no haberse hecho el traspaso de la Justicia local, es decir, sólo se han pasado algunos tribunales, no se ha cumplido con la Constitución en la medida que en la Capital Federal ocurra lo mismo que en la Justicia de las provincias. Es lógico que en todas las causas de naturaleza local haya un Tribunal Superior que decida antes de ir directamente a la Corte Suprema”, opinó.
“Formalmente, si uno se atiene a las formas, Casal tiene razón (NdR: en su dictamen de rechazo). Pero es una manera de avalar que nunca se solucione el tema y que la Capital Federal esté permanentemente con su Tribunal Superior devaluado”, añadió Sabsay.
El edificio de la Legislatura porteña cumple 90 años
Consultado respecto de si considera que el Congreso debería haber sido el poder encargado de modificar una cuestión del orden nacional como la que está en juego, el constitucionalista sostuvo que “es algo muy relativo”. “Lo que pasa es que ante una omisión de tantos años por parte del Congreso y sin voluntad de tratarlo, el mismo distrito interesado activa una forma de exigirlo porque vamos a 25 años sin que se cumpla con el traspaso que dice la Constitución”, expresó.
Otro de los constitucionalistas que se expresó públicamente fue Andrés Gil Domínguez, habitual crítico de las medidas judiciales vinculadas al macrismo, quien consideró que “es una ley ostensiblemente inconstitucional”.
“Es inexplicable que en la carrera prolija que tiene Larreta, que es muy prolijo en su construcción de poder, haya validado una medida inconstitucional desde el punto de vista formal. Es algo que podría haberse resuelto con una ley nacional o a través de la vía jurisprudencial esperando el pronunciamiento de la Corte Suprema”, opinó en declaraciones a la radio Cooperativa AM 770. “Lo que nunca se puede hacer es tratarlo de manera unilateral a través de la Legislatura como ocurrió en este caso”, remató.
Gil Domínguez está de acuerdo en el fondo de la cuestión pero no en la forma. “La Justicia tiene que ser transferida, no hay dudas. Pero hay que saber que la Justicia provincial de Córdoba es pagada por los ciudadanos cordobeses y la de La Pampa por los pampeanos, no así en la Ciudad de Buenos Aires, que la pagan todos los argentinos”, dijo.
A pesar de las opiniones, la última palabra la tiene la Corte Suprema, que tras pedirle la opinión a Casal debe sentar su postura en torno al tema y lo más probable es que eso ocurra después de las elecciones.
