El viernes 17 de septiembre, cuando todas las miradas apuntaban a la Casa Rosada en busca de definiciones políticas a la crisis en el Frente de Todos, el oficialismo en la Legislatura porteña intentó agregar en un proyecto la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño pueda revisar causas nacionales. La iniciativa generó el rechazo de la oposición, pero podría ser aprobada en las próximas semanas.
Ese día se reunió de manera virtual la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña y entre los temas iban a tratar una cuestión administrativa relacionada a las firmas digitales. Pero la sorpresa fue cuando el presidente de la Comisión le dio la palabra al legislador Gastón Blanchetiere (Vamos Juntos).
“Aprovechando esta oportunidad me pareció más que interesante proponer dar un paso importante en afianzar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el estatus de provincia que tenemos (…) para otorgarle al TSJ las competencias que le corresponden por sobre la Justicia nacional de la Ciudad. A raíz del Fallo Levinas, con el precedente del fallo Bazán de la Corte Suprema, para que lo plasmemos en el texto de la norma y tengamos en claro las competencias que le corresponden al TSJ”, propuso el legislador en un discurso de poco más de tres minutos.
La idea era incorporar en la iniciativa de firmas digitales una modificación de las competencias judiciales para que el Máximo Tribunal de la Ciudad pueda revisar fallos de la Justicia federal nacional, algo que intentó hace algunas semanas la familia Macri en la causa Correo Argentino y fue desestimado.
Federico Delgado: “El lawfare en Argentina funciona garantizando una cuota de impunidad”
Luego de la propuesta del legislador oficialista, el presidente de la Comisión le cedió la palabra a la opositora Claudia Neira (Frente de Todos), que adelantó que iban a acompañar el proyecto original pero que por la idea planteada por Blanchetiere habían cambiado de postura. “Entiendo que en asesores ya se había discutido esa incorporación y se había desestimado porque no tiene nada que ver con el proyecto original. Debería ser motivo de un debate que vaya por otra vía y no por esta que no tiene nada que ver”, se quejó.
Antecedentes desfavorables
Tal como lo planteó el legislador del macrismo, su idea era incorporar la modificación al texto con la supuesta intención de aclarar los mecanismos. Sin embargo, recientemente hubo una maniobra judicial en la que se intentó poner en práctica la iniciativa y fue frenada.
Fue justamente en la mediática Causa Correo, donde la familia Macri hizo un pedido para que se aparte de la investigación a la fiscal Gabriela Boquín y la jueza Marta Cirulli se lo rechazó, al igual que la Sala B de la Cámara Comercial. Ante eso, el grupo de la familia del ex presidente fue a plantear la inconstitucionalidad al TSJ, una instancia superior pero de la Justicia porteña, es decir, por afuera del esquema federal.
La Corte Suprema tomó intervención en el caso y le pidió una opinión al procurador general Eduardo Casal, que en base a un antecedente fue determinante: “El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”.
En esa resolución, Casal, cuyo nombramiento interino a dedo está en el eje de los cuestionamientos del gobierno contra el macrismo, sostuvo que “el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé únicamente la apelación de las sentencias de las cámaras nacionales a través del recurso extraordinario federal”. Caso contrario, el procurador sostuvo que representa una transferencia de competencia jurisdiccional a la Ciudad “que sólo podría ser efectuada por el Congreso de la Nación”.
A priori, Casal opinó que lo que ahora intenta legalizar el macrismo a través de la Legislatura es algo que en realidad debe ser analizado por el Congreso de la Nación.
Cuestionan constitucionalidad de la iniciativa
En varias consultas que hizo PERFIL sobre el tema, abogados y constitucionalistas cercanos al macrismo no respondieron o aseguraron no estar al tanto de la iniciativa.
Desde la vereda del frente, la abogada Natalia Salvo, cercana al kirchnerismo, se mostró en contra. “Es absolutamente inconstitucional desde varias perspectivas o dimensiones: en primer lugar porque viola la garantía constitucional de juez natural. Y en segundo, un Poder Ejecutivo se arroga facultades que son del Legislativo. Acá el Ejecutivo a través de sus legisladores quieren actual con respecto a la ley nacional”, dijo.
Para Salvo, el mecanismo legal para ese tipo de modificaciones debe ser a través del Congreso de la Nación, tal como lo expresó el procurador Casal en sus consideraciones ante la Corte en la Causa Correo.
A su vez, la abogada opinó que se trata de “una clara maniobra para instalar el fórum shopping (NdR: la posibilidad de elegir Tribunales favorables) a través de una pequeña modificación legislativa”. “Esto no escapa a la cuestión política siendo introducido de una manera totalmente anómala”, agregó.
Más allá que la potestad de revisión se pretenda aprobar de forma irregular, la intencionalidad del macrismo de que la Ciudad pueda revisar expedientes nacionales no puede leerse sin recordar que la composición del TSJ porteño tiene una clara afinidad política con el PRO.
Su presidenta, Inés Wimberg de Roca, fue la candidata del ex presidente Mauricio Macri para ocupar la Procuración General; el vocal Santiago Otamendi fue secretario de Justicia durante la gestión de Germán Garavano en esa cartera nacional y otra de las integrantes, Marcela de Langhe, dirigió el Instituto de Formación de la Policía de la Ciudad.
CP
