jueves 05 de agosto de 2021
OPINIóN Grieta política
04-03-2021 18:55

Lawfare: la ruleta judicial

Con el lawfare el gobierno busca impunidad. El único camino posible para convertir al actual Poder Judicial en un organismo pertinente para consagrar una real igualdad de derechos entre las personas depende, en gran medida, del Consejo de la Magistratura.

04-03-2021 18:55

“Fíjate de qué lado de la mesa te encontrás…” decía el indio Solari en uno de sus más reconocidos temas. Frase que obra como un preciso ejemplo de la grieta política que supera todos los límites, trasvasando aquellos pertenecientes al Poder Judicial. El Lawfare funciona como argumento del actual oficialismo para proceder con una reforma judicial en tanto es entendido como una mera excusa para lograr la impunidad de referentes como la Vicepresidente Cristina Fernández, su ex vice Amado Boudou, la dirigente Jujeña Milagro Salas, el ex Ministro de Planificación Julio de Vido y alguno que otro más, por parte de la oposición.

El Lawfare funciona como argumento del actual oficialismo para proceder con una reforma judicial 

Mediante la reforma judicial que se encuentra detenida por no encontrar los consensos necesarios en la Cámara Baja para proceder con la reforma del fuero Penal Federal y del Ministerio Público, y basado en el informe producido por parte del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial, el presidente Alberto Fernández no logró todavía ejecutar sus designios de conseguir una justicia “justa”. Otra intentona surge en la arena política luego de escuchado el discurso de apertura del 139 período de sesiones. El erróneo entendimiento del control que el Parlamento debe oficiarle al Poder Judicial decantó en la proposición de creación de una Comisión Bicameral.

No existe ningún artículo dentro de la sección correspondiente al Poder Legislativo de nuestra Constitución Nacional que aluda, siquiera lejanamente, a una propuesta similar a la realizada por el Senador Parrilli; si se aprecia el referido “control cruzado” en procesos de juicio político o designación de magistrados, entre otros. Asimismo, el mismo texto constitucional establece la especificidad del Consejo de la Magistratura para proceder con el control de los Magistrados. Lo antedicho permite sospechar que, como una película repetida, lo propuesto vuelve a obedecer sólo a un cambio de nombres para continuar favoreciendo a la política en desmedro de cualquier ser humano mortal. Desechar la herramienta correcta permite inducir que el ideal de justicia no será buscado.

El presidente Alberto Fernández no logró todavía ejecutar sus designios de conseguir una justicia “justa”

El único camino posible para convertir al actual Poder Judicial en un organismo pertinente para consagrar una real igualdad de derechos entre las personas depende, en gran medida, del Consejo de la Magistratura. La sanción de la Ley 26.080 –que Parrilli no puede desconocer- agravó la percepción de que la injusticia está y siempre estará al servicio del poder de turno; el aumento, por ella propiciado, en la representación del partido de gobierno, a partir de la presencia de sus legisladores y del representante del Poder Ejecutivo ha minado toda posibilidad de contar con jueces probos e independientes. La presente conformación desoye las recomendaciones y acuerdos a los que arribaron la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista en la reforma constitucional del año 1994. En tanto todo siga igual, el derecho a la justicia solo será certero para pocos y una cuestión de azar para muchos…

*Politólogo. Consultor en Administración judicial.