Milagro Sala hizo una dura crítica al presidente Alberto Fernández, al participar de un encuentro nacional de la organización Justicia Legítima, que preside la titular de la AFI, Cristina Caamaño.
Sala se consideró una presa política, pidió que la justicia revise su encierro y se preguntó: “¿Por qué si hay tanto acuerdo no charlan sobre la libertad de todos los presos políticos en Jujuy?”, sostuvo, en alusión a la relación que mantienen Fernández con el gobernador radical Gerardo Morales.
Sala, dirigente social y líder de la Tupac Amaru, lleva casi cinco años presa, acusada de distintos delitos de corrupción, sin condena firme. En la charla, que se realizó por la plataforma Zoom, la dirigenta dijo que Morales grita “a los cuatro vientos que coincide con Alberto Fernández, con toda su política”.
Y disparó: “Priorizan los acuerdos políticos por sobre la justicia social”. También, aludió a la forma en que Fernández se refiere a su detención: “Algunos dicen que nosotros somos detenidos arbitrarios. Yo estoy presa hace 4 años y 10 meses, junto a otros 11 compañeros. Nos armaron 16 causas en menos de cinco meses. La justicia tiene que cambiar, porque si esto nos hicieron a nosotros se imaginan lo que puede pasar con otros”.
¿Alberto vs. Cristina?
Fernández estuvo en Jujuy hace apenas 10 días. Fue a despedir a Evo Morales, que tras un año de exilio en Argentina regresó a Bolivia. Evo visitó a Sala. Fernández no. El presidente hace saber en privado que necesita un equilibrio político con el gobernador radical Morales. Para evitar suspicacias, tampoco se reunió en la provincia con el mandatario de Jujuy.
Pero la detención de Sala no es la única razón que genera una profunda tensión entre el kirchnerismo y Fernández en lo que a la justicia se refiere. De hecho fue la propia Cristina Kirchner la que, cuando la reforma llegó al Senado, dijo: “Esta no es mi reforma”.
El malestar de la vicepresidenta se traslada también entre varios de los miembros de Justicia Legítima, que ven en muchos de sus colegas de Comodoro Py y la justicia federal a los engranajes de lo que Cristina llama “Lawfare” o guerra jurídica, a través de la que, sostiene, tanto ella como muchos de sus funcionarios y empresarios fueron perseguidos y detenidos de manera ilegal y arbitraria al amparo del gobierno de Macri.
El malestar en el Instituto Patria tiene que ver con lo que, creen, una inacción deliberada del jefe de Estado en materia judicial que, para el kirchnerismo, no avanza ni contra los jueces federales “cómplices” ni contra la Corte Suprema. Es lo que piden, y no solo en privado.
"He sostenido y sostengo que en la Argentina y en la región se instaló el Lawfare: un plan sistemático que requiere la articulación de medios de comunicación, sectores del poder judicial y agencias y organismos del Estado para atacar y destruir a opositores políticos. Finalmente es La Nación, a través de uno de sus principales columnistas, el que describe a medias y a conveniencia algunos de los escandalosos mecanismos del Lawfare sin que hasta el momento en la Corte Suprema, responsable última del Poder Judicial, se les mueva un pelo", dijo Cristina Kirchner en mayo de este año a propósito de una nota de Carlos Pagni que advertía sobre la detención de Lázaro Báez como pantalla para tapar el escándalo de los Panamá Papers, que afectaba a Macri.
En esa misma línea, durante esta misma jornada de Justicia Legítima, el camarista Alejandro Slokar, se preguntó: “¿De qué justicia se habla cuando están criminalizados quienes cometieron delitos leves y quienes generaron esta desigualdad social salen a colocar sus fortunas a guaridas fiscales en el exterior?”.
También apuntó contra los jueces que, durante la gestión de Macri, avalaron los tarifazos que favorecieron al sector privado. Aludió, en otro tramo, al fiscal que durante el desalojo de Guernica se tomó una selfie. Por último, se refirió al Lawfare. “El uso de la justicia para la eliminación del adversario político es la negación del Estado de derecho”, dijo y ejemplificó: “Se accionó contra una procuradora (Alejandra Gils Carbó); se hizo abuso del encierro preventivo. Se confiscaron bienes sin condena, se avaló el espionaje ilegal…”.
El panel estuvo integrado también por Jorge Auat, María Laura Garrigós de Rébori y Omar Palermo. La jornada finaliza este viernes, con una exposición de Raúl Zaffaroni.
