La causa que investiga el hackeo a Marcelo D'Alessandro sigue su curso en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Mientras sigue la recopilación de pruebas, la defensa del adolescente que admitió haber ejecutado el SIM SWAP sobre el dispositivo del exministro de Seguridad porteño presentó un planteo para pedir que sea amparado por la Ley del Arrepentido.
Así lo manifestaron por medio de un escrito de tres carillas al que tuvo acceso PERFIL. En el tercer punto, los defensores Sebastián Noguera y Marcos Kapko consideraron que "corresponde dar tratamiento en forma especial" a Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven que admitió ante la fiscal Gabriela Dupuy y la jueza María Araceli Martínez haber realizado el hackeo al exministro.
Ello "a fin de que pueda ser tratado como arrepentido, teniendo en cuenta el artículo 43 ter del Código Penal y la Ley del Arrepentido".
Hackeo a D'Alessandro: declaró el implicado y dijo que no sabía quién era el ex ministro
En el documento ingresado a la Fiscalía, los defensores argumentaron el pedido "en vista a su entera buena fe procesal que ha quedado demostrado (sic) a lo largo del proceso evidenciado a través de su amplia colaboración a través de ambas declaraciones indagatorias".
"Se busca que en función de la colaboración que prestó lo asimilen a la figura", insistió uno de los defensores ante este medio.
Las pretensiones de la defensa de Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro
Los abogados quieren que el joven oriundo de la localidad misionera de Eldorado sea amparado por la Ley del Arrepentido, luego que en la declaración indagatoria y en la posterior ampliación aportó datos acerca de cómo se materializó el hackeo, a partir de admitir que fue él quien hizo el trabajo.
Vale recordar que días atrás el joven viajó desde Misiones a la ciudad de Buenos Aires para presentarse de manera personal ante la Justicia.
En sus dos declaraciones, contó que lo contactó un usuario incógnito por medio de la aplicación de mensajería Telegram y que a cambio del "trabajo" le pagaron por medio de billeteras virtuales. También admitió que después de una declaración ante la jueza federal María Servini por el hackeo a Diego Santilli, se asustó y tiró su celular al río Paraná.
En el escrito también pidieron a la Justicia que ordene a las autoridades de Misiones que se pongan en práctica las medidas de custodia ordenadas el 12 de abril pasado sobre Nuñes Pinheiro y su familia. Ese pedido se debió, supo este medio, a que personas desconocidas habrían aparecido en la vivienda de la familia del implicado, en la localidad misionera. Ante el estado público que tomó el caso, eso alarmó a la defensa.
Qué es la Ley del Arrepentido
La Ley del Arrepentido, que ha sido clave en causas por corrupción, establece un marco legal para que las personas que han cometido delitos puedan colaborar con la justicia y proporcionar información relevante sobre las actividades delictivas en las que han participado a cambio de ciertos beneficios legales.
Entre los beneficios que se ofrecen a los arrepentidos se incluyen la reducción de la pena y la posibilidad de evitar la prisión preventiva, siempre y cuando proporcionen información útil y verificable sobre los delitos y los implicados en los mismos.
La ley se aplica a delitos como corrupción, narcotráfico, delitos económicos y financieros, entre otros. Hasta el momento, Nuñes Pinheiro aportó una importante cantidad de datos que son clave para el expediente, pero nada acerca de la persona o las personas que le encargaron el "trabajo" por medio del usuario incógnito Eljuanxa.
Exclusivo PERFIL: habla uno de los sospechosos del hackeo a Marcelo D'Alessandro
"Elías Ezequiel está dispuesto a seguir colaborando y a realizar cualquier tarea tendiente a esclarecer los hechos y llegar a los autores intelectuales que lo han utilizado", sostiene el escrito.
Tal como había anticipado PERFIL, en el escrito los defensores también dieron cuenta de la incorporación de prueba para deslindar de responsabilidades al resto de los imputados. Son Elías Nuñes Pinheiro, padre del principal implicado, Julio César Escobar y Cecilia Mercado, dueños de un local de informática, y Antonio Aquino, empleado de uno de esos locales.
La documentación "tiene por finalidad demostrar sus actividades lícitas, sus medios de vida honestos, sus relaciones comerciales y laborales, sus bienes personales, su capacidad económica". En síntesis, plantearon los defensores, buscan corroborar "la total ajenidad con los hechos investigados, a excepción, claro está, de Elías Ezequiel, quien es el único imputado que sí tiene relación con los hechos imputados".
AS / ED
