Una misteriosa trama que incluye el robo de información reservada y el hackeo a jueces y funcionarios judiciales mantiene expectantes a muchos integrantes del Poder Judicial. Es que, como bien se sabe, fueron varios los magistrados que sufrieron la intromisión a información de su celular o la tramitación de líneas telefónicas a su nombre, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Pero la Justicia busca saber si esos episodios están directamente vinculados a un hecho extraño ocurrido durante el fin de semana largo por el Día de la Bandera del 2022.
A principios de julio pasado, PERFIL publicó un artículo que daba cuenta de que una empleada del área de Declaraciones Juradas del Consejo de la Magistratura había retomado su actividad laboral y se había encontrado con la puerta abierta de la oficina donde se guardan los expedientes con las declaraciones de los jueces. Ese hecho encendió las alarmas y disparó una serie de investigaciones a los fines de determinar quién fue, qué pasó y si hubo acceso a información reservada.
Lo último, está claro, ocurrió. Sin embargo, en las últimas horas quedó confirmado por medio de un informe presentado en la Justicia que sostiene que faltan 82 sobres y no hay constancias que expliquen ese faltante. El relevamiento realizado por el Consejo de la Magistratura detalla que se trata de 43 anexos públicos y 39 reservados.
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Se trata del Informe General de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales, que lleva la firma de tres funcionarios del organismo encargado de la selección, el control disciplinario de jueces y la administración del Poder Judicial. Se trata de un documento que fue incorporado recientemente a una causa judicial radicada en Comodoro Py y que disparó pedidos por medidas para avanzar en la investigación.
El informe, de acuerdo a un dictamen judicial al que accedió PERFIL, contiene un análisis de las tareas que lleva a cabo la oficina de DDJJ del Consejo de la Magistratura, el inventario de las declaraciones patrimoniales de anexo público y reservado, y las medidas adoptadas tras el misterioso ingreso ocurrido a fines de junio de 2022. Y después sostiene que “… muchos de los sobres que en un primer momento parecían faltar fueron hallados en sitios diferentes de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales. Otros, fueron hallados archivados (…) y otros obraban en la Comisión de Disciplina de este órgano (…)".
Pero, la parte preocupante es que "algunos de ellos no han podido ser localizados, no habiéndose advertido aún el motivo de su faltante, o si fueron remitidos a alguna otra dependencia…". Son los 82 sobres mencionados antes que, de acuerdo al informe remitido al Ministerio Público Fiscal, contienen presentaciones efectuadas antes del 2019 y que estaban en el cuarto subsuelo del edificio del Poder Judicial ubicado en Sarmiento 877.
Pero también hay seis sobres que deberían haber estado en la caja del 2011, que se encontraba en el octavo piso tras una inundación y no fueron hallados.
Entre los sobres que faltan o fueron manipulados sin ningún documento en el que conste una justificación habría información de varios jueces federales, entre ellos de Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal N°2, quienes también sufrieron el hackeo mediante SIM SWAP de sus teléfonos celulares. La relación es cuanto menos llamativa, incluso en la causa que investiga la manipulación de las declaraciones juradas.
Es que un dictamen al que accedió PERFIL, el fiscal federal Ramiro González -que lleva la investigación junto al juez federal Daniel Rafecas- señaló en términos potenciales que se hicieron públicas diferentes situaciones de "injerencia a la intimidad de magistrados y funcionarios" por medio de datos que "podrían haber surgido de la filtración" de la información contenida en las declaraciones juradas que fueron manipuladas a mediados de 2022.
De ese modo, los investigadores buscan establecer la existencia de una relación concreta entre el faltante de declaraciones juradas y los hackeos.
Anexos reservados, abiertos
En ese marco, la Justicia también analiza el informe entregado por el Consejo de la Magistratura, que añade, entre otras cosas, que se encontraron anexos reservados con signos de haber sido abiertos sin constancia que acredite su apertura en el exterior, de acuerdo a un dictamen al que tuvo acceso PERFIL. En este caso, se detalla que fueron 55 los sobres abiertos y/o manipulados: 24 de ellos informados inicialmente por la funcionaria del Consejo que hizo la denuncia, nueve rotulados como manipulados y 22 que surgieron del relevamiento de las cajas ubicadas en el cuarto subsuelo.
Además, el informe confirmó que fueron 277 los anexos de carácter público que presentaban signos de apertura sin constancia que la acreditara. También consta el hallazgo de sobres de anexo público hallados dentro de una caja con el rótulo "jueces" del octavo piso: varios de ellos contenían pedidos de acceso a las declaraciones en expedientes administrativos hallados en cajas. Sin embargo, no se encontró ningún pedido dirigido a la información de los magistrados de esa caja que justificara que se encuentren separados del resto de los documentos.
Otra de las presentaciones que llegó a la Justicia es el Informe del Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura, que dispuso una investigación administrativa interna para deslindar responsabilidades. Tras una serie de medidas llegaron a Comodoro Py conclusiones tales como que no se forzaron las cerraduras del lugar, no hubo ingresos impropios o irregulares al edificio durante los días investigados, ningún indicio de uso engañoso de llaves ni actividad sospechosa en el sistema informático.
Ese informe, caratulado como CAU Nº 269/2022 “Remisión Presidencia Consejo de la Magistratura s/ inf. Sumaria (Res Pres Nº 36/22)”, forma parte del orden del día que se pondrá a consideración del Plenario del Consejo de la Magistratura este miércoles 26 de abril.
Ahí también se cita como conclusión que al verificar las cualidades de la vulneración de los sobres resulta indudable la intervención humana sobre los presentados en el 2019, con certezas para muchos de los sobres presentados en el 2020 y dudas razonables sobre la intervención de personas en los sobres presentados en 2021.
Las declaraciones juradas contienen datos como estado civil, cargo, organismo, información de cónyuges o convivientes, detalle de bienes (con ubicaciones, porcentajes de titularidad y superficie), derechos registrados en el país o el extranjero, títulos, participación en sociedades e inversiones financieras, dinero en efectivo, depósitos bancarios, deudas e ingresos.
Hackeos, robo y misterio: las dudas en la Justicia
Como se mencionó, si bien hay puntos que permiten pensar en que puede haber vinculaciones entre el robo y la manipulación de las declaraciones juradas y los hackeos o maniobras delictivas sobre los celulares de jueces, hasta el momento la Justicia no logró encontrar una prueba directa.
Quién o quiénes estuvieron atrás de ambos hechos es la gran duda que desvela a los investigadores y también a gran parte de los integrantes del Poder Judicial.
En la causa que investiga la manipulación y sustracción de los sobres, el último dictamen del Ministerio Público Fiscal sostiene que si bien por el momento se desconoce a los autores, "lo cierto es que la información pública
y privada que contienen los mismos es de tal sensibilidad que la difusión de su contenido puede poner en peligro tanto la seguridad como la integridad de los involucrados".
La causa busca avanzar y por eso en los últimos días la el fiscal González le pidió a Rafecas que habilite una serie de medidas tales como el llamado a prestar declaración testimonial a los funcionarios que suscribieron el informe de relevamiento final mencionado antes y de un secretario de la Corte. A su vez, quiere saber cuáles son los pedidos de acceso a la información que se hallaron en las declaraciones juradas de la caja con el rótulo de jueces y la confección de un listado de los funcionarios y/o magistrados cuyas declaraciones estaban en los 82 sobres faltantes.
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Mientras tanto, la Justicia investiga en causas separadas los diferentes hackeos. Por ejemplo, en la Justicia porteña la jueza María Araceli Martínez y la fiscal Daniela Dupuy buscan establecer, actualmente en secreto de sumario, quién contrató al hacker misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, que desde Eldorado ejecutó el SIM SWAP sobre el teléfono del exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.
Antes, el mismo imputado había sido citado a declarar por la jueza federal María Servini a propósito del hackeo que sufrió el opositor Diego Santilli, en un expediente archivado.
Mientras tanto, en el edificio de los tribunales de Retiro está radicada una investigación iniciada a instancias de una denuncia de Rosatti, por la tramitación de cuatro líneas telefónicas a su nombre en Misiones. Esa causa la lleva el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscala Paloma Ochoa, con una revelación en las últimas horas.
Según publicó Infobae, un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) determinó que en uno de los celulares en los que se activaron las líneas tramitadas a nombre de Rosatti también aparecieron líneas con el nombre del vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.
Así las cosas, la trama de robo y manipulación de información reservada, hackeos y tramitación de líneas en perjuicio de figuras clave de la Justicia toma cada vez más misterio. Por el momento, todo se investiga por carriles separados y los descubrimientos siguen resultando llamativos. Espionaje y amedrentamiento son dos de las palabras que enumeran algunos integrantes del Poder Judicial consultados por el entramado.
AS CP
