La filtración del audio entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli puso bajo la lupa el sistema de escuchas en el país. ¿Cuántas líneas hay intervenidas? ¿Quién hace las escuchas? ¿Intervienen las fuerzas de seguridad? ¿En poder de quién quedan los audios?
Desde hace un año, por decreto del presidente Mauricio Macri, la dirección de Captación de Comunicaciones, que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, pasó a la órbita de la Corte Suprema. Es dirigida por dos jueces, Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. Y bajo su mando hay 250 empleados del Poder Judicial, entre los que figuran psicólogos, abogados y estudiantes de Derecho. Antes, el personal era mitad de la ex SIDE y mitad del Ministerio Público Fiscal. Pero durante 2016 se hizo el recambio.
En siete pisos de un edificio de Colegiales, controlan la interceptación de líneas telefónicas, móviles o fijas, siempre y cuando haya orden judicial. “Cualquier escucha realizada sin autorización de un magistrado automáticamente es ilegal”, aseguró a PERFIL una fuente del organismo.
En este momento, en el país, hay 3500 líneas telefónicas intervenidas. Sobre el 10 por ciento de los casos interviene la Agencia Federal de Inteligencia. Es decir, los espías tienen acceso a escuchas. Según la dirección de captación, eso se hace siempre con una cadena de custodia, en la que queda registrado quién pudo oír las grabaciones. Pero parece que esta vez la cadena de custodia se rompió.
La ex presidenta Cristina Kirchner sostuvo que la escucha era ilegal. Dirigentes del kirchnerismo dijeron que el delito está en la filtración del audio. Una escucha no puede filtrarse si forma parte de una causa judicial.
Una fuente confirmó a este diario que no sólo la AFI tiene acceso a las escuchas. El sistema funciona del siguiente modo: la Dirección interviene la línea. A través de unos aparatos se graba la comunicación en un CD. El juez decide si esos audios son escuchados por los empleados del Poder Judicial o por las fuerzas de seguridad. En general, quien escucha las grabaciones es la Policía Federal o la Gendarmería. En caso de secuestro o riesgo de vida, los magistrados suelen pedir que lo escuchen los propios integrantes del Poder Judicial. Pero en el primer piso del edificio está “el locutorio”. Ahí, los empleados pueden darle acceso online a la Policía, la Gendarmería o los espías de la AFI.
“En este caso el juez resolvió que la custodia de los audios quedara en manos de la AFI porque el informe por el que se inició la causa contra Pérez Corradi era de la AFI”, explicó una fuente a este diario para deslindar responsabilidades por la filtración. Justamente, el cuestionamiento que hace el kirchnerismo es que la escucha se prorrogó más allá de la detención de Pérez Corradi y que la justicia estaba “a la pesca”. Sin embargo, el juez Ariel Lijo dijo que no y que la escucha era legal.
Por otra parte, en la Dirección reconocen que la tecnología que se utiliza tiene que renovarse. Hay interceptaciones que la oficina, que funciona en avenida de los Incas, no es capaz de hacer. “Necesitamos renovar esa tecnología”, reconoció una fuente. Ahora, según precisó, se adquirirán nuevos equipos.
