El control de los servicios de inteligencia, que la muerte del fiscal Alberto Nisman llevó a debatir en Argentina, es una preocupación mundial. La dificultad está en mantener el criterio de secreto que deben tener los equipos de espionaje pero a la vez supervisar su accionar para evitar que se vuelvan un poder sin límites. A lo largo del mundo, la mayoría de los países combinan por ley los controles por parte de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El problema, sin embargo, es si efectivamente se cumple.
La ley argentina, que pretende ser modificada por el proyecto del Gobierno, establece la existencia de una comisión bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia. Es un esquema que se repite por el mundo. En algunos lugares es una comisión especialmente creada, en otros ya se utilizan comisiones existentes. En Estados Unidos, por ejemplo, tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen su propia comisión para seguir el trabajo de la CIA. En Francia, por ejemplo, el Parlamento solamente tiene la capacidad de hacer un control del manejo presupuestario de la Dirección General de Seguridad Exterior. En España, algo similar: el presidente de Diputados lidera una comisión que controla los gastos reservados. En la mayoría de los casos, también se hace un seguimiento de la actividad.
En el caso argentino, en los papeles la comisión es similar a la de otros países. El problema es que está inactiva. Se reunió apenas dos veces en los últimos dos años. Tiene la posibilidad también de analizar el uso de los fondos reservados –siempre y cuando no condicione una operación que se esté realizando–, pero no hay registros de que eso se haga.
El control político también viene desde el Ejecutivo. El comparativo de las leyes de por lo menos diez países muestra que generalmente las estructuras de inteligencia dependen directamente del presidente. La diferencia está, en cambio, en si éstos actúan individualmente o con el apoyo de un consejo de seguridad. En Estados Unidos, España, Brasil, México y Ecuador, por ejemplo, la ley establece la creación de un grupo de apoyo para el mandatario. La ley argentina, en un artículo que no es modificado por el proyecto de Cristina Kirchner, fija que el presidente “podrá convocar a un consejo interministerial para el asesoramiento” sobre la política en la materia.
