Cuando se les pregunta cómo financiaron las campañas que los llevaron al poder, unos pocos eligen dar precisiones, en general insuficientes. Algunos sonríen, nerviosos. Otros, socarronamente. Y hay quienes levantan las cejas, como preocupados, o queriendo decir más de lo que dicen.
Lo que la mayoría de los políticos calla, los expertos en financiamiento político advierten desde hace décadas y la Justicia no se ha ocupado hasta ahora de demostrar con eficacia es que las campañas electorales se hacen con muchos más fondos “en negro” que declarados.
María Page, de Cippec, asegura que los partidos en la Argentina incurren en “una enorme subdeclaración de ingresos y gastos”, porque las actividades desplegadas en la campaña no pueden cubrirse con los montos que se declaran.
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“Todo lo que se gasta el día de la elección en el operativo de fiscalización, por ejemplo, se paga en efectivo y rara vez se declara. Hay también causas en las que se detectaron pagos hechos por terceros, o donaciones en especies no declaradas, como ‘prestar’ un estadio o un teatro”, sostiene.
¿Entonces? ¿Cómo es la cosa? Lo que se declara es una ínfima parte de lo real y, aún así, parece que no resulta fácil cumplir con la ley. Encima, si nada cambia, dadas las irregularidades detectadas, cada vez habrá menos gente dispuesta a donar legalmente.
Antes del ballotage, en Chequeado publicamos que Daniel Scioli había incluido en la lista de aportantes de las PASO a funcionarios de ARBA, el organismo de recaudación provincial, sin que pusieran un peso ni su consentimiento.
Ahora, detectamos a directivos de concesionarias del Estado, a quienes la ley excluye de la posibilidad de aportar fondos, dando montos iguales en un mismo momento a Mauricio Macri. Y al menos dos dijeron que la plata no era de ellos.
El sistema es endeble. Y sus principales actores, hipócritas. ¿Quién si no las empresas van a aportar millonarios montos? ¿Los empresarios y los votantes? ¿O acaso se espera que lo hagan los gobiernos, que siempre buscan quedarse (y también es algo prohibido)? ¿A quién le conviene que esto sea así? A los políticos que pretenden gobernar sin que los condicionen y a los electores, seguro que no.
