La fiscal federal Paloma Ochoa requirió este viernes el inicio de una causa penal contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por el nombramiento de un subsecretario de Estado que regulará las represas en Santa Cruz.
Fuentes judiciales informaron que la funcionaria del Ministerio Público también incluyó en su dictamen al otro denunciado, el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, que antes habría sido directivo de Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA (IATASA).
Ochoa requirió al juez federal Sebastián Ramos que impulse la causa penal contra los tres funcionarios, que habían sido denunciados en julio pasado por el senador Fernando Solanas y el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale.
La denuncia pidió que se investigue si Aranguren, Alonso y Marcolini incurrieron en los delitos de "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".
Según la denuncia, Marcolini "como director de la empresa IATASA fue el responsable de realizar el informe ambiental de la obra" de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz. "La misma persona que realizó el informe en forma privada; ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", agregó.
Según la denuncia fue "ilegal la designación de Marcolini como funcionario", y "está conectado con la voluntad política de que este continúe a cargo de una obra que recomendó y avaló como profesional privado y así avanzar con este monumental proyecto hidroeléctrico a cualquier costo".
Además, la denuncia aseguró que Alonso "tiene cajoneada en la Oficina Anticorrupción desde noviembre del año pasado una denuncia de las ONG's sobre este conflicto de intereses de Marcolini".
