Si alguien quisiera ser malpensado diría que Comodoro Py 2002 olfateó los problemas del gobierno de Mauricio Macri y comenzó a mover causas contra sus funcionarios. Ya fue llamado a indagatoria el jefe de la Amses, Emilio Basavilbaso, por un presunto perjuicio económico al Estado por vender acciones de Petrobras. Y ahora Mario Quintana, el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, quedó imputado en una causa penal en donde se investigan sus negocios con Farmacity, la empresa que creó y de la que había prometido alejarse. Ambos son importantes funcionarios de Mauricio Macri.
La causa contra Quintana está en manos del juez federal Ariel Lijo, que además tiene a su cargo la causa contra Macri por el Correo. Ayer el fiscal Ramiro González le pidió a Lijo una serie de medidas para avanzar en la investigación sobre Quintana, entre las que está reclamar a la Oficina Anticorrupción (OA) sus declaraciones juradas desde 2015 y “si hubo actuaciones o investigaciones administrativas sobre él, Farmacity, Partner SA y Pegasus SA”, sociedades a las que estuvo involucrado Quintana antes de asumir como funcionario público.
González también solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que detalle la composición del directorio de esas empresas y sus asambleas; al Ministerio de Modernización, sobre si esas firmas “son proveedores del Estado, particularmente del PAMI; y a la obra social de los jubilados”, además de todo expediente vinculado con Farmacity. Pero además reclamó conocer una causa clave: la que tiene la Corte Suprema de Justicia para definir si la red de farmacias se puede instalar en la provincia de Buenos Aires.
Idas y vueltas. En diciembre de 2015, Quintana renunció a la presidencia de Farmacity para incorporarse al gabinete de Macri. Sin embargo, mantuvo sus acciones en esa empresa. Así se lo confirmó en abril al periodista Carlos Pagni en una entrevista: “Fui fundador de Farmacity y presidente de ese directorio durante mucho tiempo; estoy en proceso de venta de mi participación de todo negocio que tenía antes. Ya salí de casi todos, y espero antes de fin de año haber salido de Farmacity”.
Justamente por esos días, el juez Sebastián Ramos procesaba a un ex funcionario del Ministerio de Salud por “abuso de autoridad” por presuntamente beneficiar a Farmacity congelando sanciones administrativas. Paralelamente el jefe interino de la Procuración, Eduardo Casal, dictaminaba la “inconstitucionalidad” del artículo 14 de la Ley de Farmacias que rige en Buenos Aires, abriendo la puerta al desembarco de Farmacity en las tierras de María Eugenia Vidal, un tema al que se opone férreamente el Colegio de Farmacéuticos bonaerense. El caso está en manos de la Corte y dos de los cinco jueces –Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz– se excusaron de intervenir.
La reaparición del programa de Jorge Lanata en televisión despertó la causa penal contra Quintana. Más allá del informe sobre Quintana que le habrían bajado al periodista –según contó PERFIL la semana pasada–, Lanata aseguró que Quintana era aún controlante de Farmacity, a través del 53% del poder de voto en Partners I, sociedad controlante de cadena. También señaló que Farmacity habría sido favorecido como proveedora del PAMI.
Eso motorizó la denuncia penal de un abogado llamado Daniel Igolnikov, quien –además de citar el informe de Lanata– le sumó los dichos del periodista Gustavo Sylvestre en radio 10 planteando adulteraciones de documentación en que “habría incurrido Quintana para habilitar farmacias” y supuestas influencias en la Corte. “Desde que asumí no tomé ninguna decisión ni tuve influencia en Farmacity”, le dijo Quintana a Lanata por radio en esas horas. Eso es lo que se investiga ahora en Comodoro Py.
