Imputaron a Puricelli y a su hijo asesor por "el curro antártico"

Luego de que estallara el escándalo por el presunto abandono en las bases antárticas argentinas, en particular en las islas Orcadas del Sur, un fiscal le pidió al juez Luis Rodríguez que cite al ministro de Defensa Arturo Puricelli y a su equipo para que brinden explicaciones sobre las cuestionadas licitaciones realizadas para abastecer las bases nacionales de la Antártida.

"Van a saltar un montón de cosas. Esto termina en una causa judicial que vamos a iniciar. La Justicia dictará la responsabilidad", había advertido el guardaparques Mariano Spisso a Perfil.com el 26 de marzo pasado. La falta de víveres, medicaciones, combustible, un buque rompehielos, la controvertida contratación y alquilar de un buque de holandés, desataron la bronca y desesperación en las bases antárticas.

"Si se hubiera previsto, no hubiera saltado el curro con la contratación del buque holandés. Se mandaron alguna con esa contratación. Pateamos el avispero con esto. Se va a abrir una investigación interesante", declaró entonces Spisso a este medio.

En consecuencia y tal como consigna hoy el diario Clarín, el fiscal federal Ramiro González pidió 14 medidas de prueba e imputó formalmente al ministro Puricelli y le pidió al juez Luis Rodríguez que lo cite para que presente los expediente originales de las licitaciones públicas que están en la mira. El fiscal también imputó al hijo de Puricelli, Alejandro, quien trabaja como asesor. Se requirió asimismo que se lleva a cabo una inspección ocular en el ministerio "para dilucidar el lugar físico del despacho de Alejandro Puricelli".

Además de los Puricelli, el fiscal imputó a Carlos Lugones Aignasse (director general del Servicio de Logística de la Defensa); Fernando Aldet; Juan Manuel Locatelli; Mario Romarion; Mauro Vega (secretario de Planeamiento); y al capitán de navío Sanz Valiente, según refirió el matutino.

Para la actual campaña, que debería haber terminado el 23 de marzo, se lanzaron dos licitaciones internacionales. La parte aérea se resolvió mediante la decisión administrativa 1423/2012, que aprobó la oferta de la empresa Transport & Services por US$ 6.800.440. La parte naval también fue ganada por esa firma. El contrato, de US$ 10.420.842, incluyó al referido buque holandés Timca y al helicóptero ruso Kamov. Antes que el escándalo sea público, la empresa Trade Baires International SA, denunció que fue una "licitación a medida" del ganador. Y se presentó ante la Oficina Anticorrupción.

La causa penal se inició por la denuncia del diputado radical Manuel Garrido, quien recogió las denuncias periodísticas e indicó por otra parte que Alejandro Puricelli "podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias y/o usurpación de autoridad". Ahora, el juez Rodríguez debe decidir si avanza con la investigación.

Según consta en el expediente, el fiscal González también quiere escuchar a la apoderada de la firma denunciante, al representante de la firma Phoenix Aviation y al guardaparques Spisso.