El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, está preocupado por el escenario que vivirá el peronismo en las próximas elecciones, la posibilidad de que Cristina Fernández sea candidata y la reaparición de Florencio Randazzo. Y las páginas de la farándula reportan que su pareja, Jésica Cirio, está embarazada de dos meses. Pero el escenario judicial le trae novedades. Su nombre aparece en una de las causas más escandalosas: la que tiene preso a José López, el ex secretario de Obra Pública kirchnerista, luego de haber revoleado en un convento casi 9 millones de dólares que no pudo justificar.
Esta semana, López salió de la cárcel de Ezeiza para explicarle al juez Daniel Rafecas por qué su hijastra vivía en un departamento a nombre de un contratista del Estado. Guardó silencio. Su mujer, María Amalia Díaz, también procesada por enriquecimiento ilícito, le echó la culpa en su indagatoria. Pero el dueño del departamento, Carlos Hugo Gianni, afirmó que el negocio se lo había traído una clienta: la esposa de “Lopecito”.
El caso de enriquecimiento ilícito crece como un árbol de muchas ramas: ahora pidieron informes de los bienes de Andrés Galera. Supuesto testaferro de López, Galera quedó procesado porque, en los papeles, fue dueño de la casa de Dique Luján donde vivían López y su esposa.
Según pudo saber PERFIL, el fiscal Delgado quiere las declaraciones juradas de Galera y su entorno familiar, detalles de las aeronaves que tendrían y los vuelos a Uruguay. También promovió exhortos a Estados Unidos y España. Lo hizo luego de recibir un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el que se detectó “un incremento significativo” de los movimientos en su cuenta corriente. Sólo entre octubre de 2013 y febrero de 2014 se acreditaron $ 1.660.652 que, en su mayoría, provenían de transferencias hechas por el propio Galera o por la firma Viani SACICYA, controlada por él y sus hijos.
Al desgranar el informe de la UIF, se descubre que Galera tiene casas, lotes, vehículos, dinero y participación en seis empresas. Una era Viani, y la otra, Revilier SA, “dedicada a la elaboración de hormigón” y proveedora de la primera. Además, “Revelier incorporó a sus activos onerosos inmuebles que integrarían el edifico El Aleph y la Torre Murielis, en Puerto Madero”. “Uno de los inmuebles habría sido alquilado por Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, destacando que dicho municipio sería uno de los clientes de Viani, lo cual traería aparejado cuando menos un conflicto de intereses”, señaló el informe en poder del fiscal.
Viani tenía como actividad principal “la reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte, en lo que se incluía la pavimentación y construcciones civiles e industriales en general”. Una “proporción relevante” de sus negocios se habría enfocado a la “provisión de servicios de obra pública”, se señala. Entre sus clientes “aparecen diversos municipios del Gran Buenos Aires y el propio Ministerio de Planificación de la Nación”.
Piden que declare Aníbal F.
El fiscal federal Federico Delgado pidió la citación como testigo del ex jefe de gabinete kirchnerista Aníbal Fernández en la causa contra el detenido ex secretario kirchnerista de Obras Públicas José López.
El ex ministro del kirchnerismo declaró la semana pasada en un programa televisivo que los 9 millones de dólares secuestrados a López “no es plata robada” al Estado sino que “es plata de coima”.
En su declaración indagatoria, el ex secretario de Obras Públicas nunca precisó el origen de los 9 millones de dólares y sólo comentó que la suma provenía “de la política”. José López está procesado con prisión preventiva por enriquecimiento ilícito por los bolsos con dinero que tenía en su poder y que intentó esconder en un convento de General Rodríguez.
