Investigan a Boudou por otra moto de alta gama con papeles truchos
De comprobarse el delito de falsificación de los documentos, la pena alcanza hasta seis años de cárcel.
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Cedoc
El fiscal Federal Gerardo Pollicita amplió hoy el requerimiento de una causa penal en que se investiga si el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, habría cometido el delito de falsificación de documento público al inscribir una moto de alta gama, penado con hasta seis años de cárcel.
El funcionario del Ministerio Público solicitó al juez federal Ariel Lijo la inclusión de otro hecho en el expediente: la presunta inscripción de una moto de alta gama BMW en el Registro Nacional del Automotor con un domicilio inexacto.
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En los documentos figuraría como dirección de Boudou una vivienda ubicada en la calle Zado al 3200, en Villa Urquiza, que ya habría figurado en los papeles de otros vehículos a su nombre pese a que el vicepresidente nunca vivió allí, según consigna la agencia Dyn.
Boudou habría sido el titular de la moto BMW R 1200 GS Adventure, en 2009 y 2010. Ya tenía otro vehículo de dos ruedas, una Harley Davidson, con la que se sacó varias fotografías, y un coche Audi con un DNI en el que aparecía el domicilio de Villa Urquiza. En otro DNI, triplicado, el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner figuraba con domicilio en la avenida Costanera 3365, sobre la playa de la localidad de San Bernardo, en el Partido de la Costa, pero un el lugar sólo se encontró un médano.
De comprobarse el delito, el Código Penal prevé castigos de "uno a seis años de reclusión o prisión" a la persona que "insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio".
Amado Boudou es el primer vicepresidente en funciones procesado, por supuesta corrupción en la apropiación de la imprentaCiccone Calcográfica y por presunta falsificación de papeles de un auto Honda CRX Del Sol modelo 1992. Además afronta otras causas en las que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, maniobras con fondos públicos para un plan de viviendas.
