Primero fue la puesta en marcha de una auditoría sobre los 12 juzgados federales de Comodoro Py para conocer el estado de las investigaciones sobre corrupción. Y se extendió el nerviosismo en Comodoro Py.
Ahora la mirada se asienta en la Cámara de Casación, el tribunal penal más importante del país que, a pesar del poco conocimiento general en torno a sus acciones, define el futuro de causas que van desde el narcotráfico hasta el caso Nisman. El Colegio de Abogados pidió esta semana al Colegio de la Magistratura que realice una “auditoría” con carácter de “urgente” sobre el accionar de la presidenta de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, a partir de “presuntas graves irregularidades en el manejo de expedientes”.
La presentación fue a raíz de un artículo de Carlos Pagni en el diario La Nación, según el cual un relevamiento interno descubrió que había 46 expedientes sin registrar, algunos que provenían de 2009. El secretario a cargo del informe, Javier Reyna de Allende, fue sugestivamente separado luego por una licencia médica. Al tiempo que se advirtió sobre una compra de muebles sin licitación por 530 mil pesos.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires pidió a Miguel Piedecasas, titular del Consejo de la Magistratura, que remita el sumario administrativo contra el secretario Reyna de Allende, las “causas pendientes de resolución” y los motivos por los cuales Figueroa quiere continuar “presidiendo las causas relacionadas con el atentado terrorista a la AMIA”.
La presentación apunta contra una cámara sobre la cual, durante el gobierno de Cristina Kirchner, tenía una gran ascendencia Carlos Zannini, y que fue blanco de presiones cuando tuvo en sus manos la discusión judicial sobre el acuerdo con Irán.
La jugada va en línea con la auditoría que se realizará sobre las causas de corrupción en manos de los jueces federales de Comodoro Py. Los impulsores argumentan que el objetivo es depurar la Justicia. Los detractores temen que al final se busque reemplazar kirchneristas por propios. María Servini de Cubría ya protestó públicamente por la pesquisa abierta en el Consejo de la Magistratura. No detuvo la marcha. Por el contrario, el jueves se sortearon los auditores que revisarán la información de cada juzgado.
El Consejo de la Magistratura asegura que tendrá los resultados de la auditoría sobre Comodoro Py a fin de año. Entonces se verá si las prevenciones eran ciertas o equivocadas.
