"Isabel", acusada de iniciar el terrorismo de Estado

La ex presidenta María Estela Martínez de Perón fue acusada por el juez mendocino Raúl Acosta de haber amparado el inicio del terrorismo de Estado en el país, en el pedido de extradición de la ex mandataria enviado a España.

En el pedido, el juez acusa a la viuda de Perón de haber dado el primer paso en la decisión de actuar al margen del estado de derecho en la represión, y sostiene que en 1975 ya había cientos de desaparecidos en el país, según informa el diario Clarín en su edición de hoy. 

"Ya desde principios de 1975 se subvirtió el rol del Estado y se pretendió desde el aparato organizado de poder, devolver con "terrorismo" al supuesto "terrorismo" apartándose de las normas de derecho y de respeto al derecho de gentes”, afirma Acosta en el pedido de extradición.

Isabel Perón y su gobierno son acusados por el juez mendocino de haber delegado en "funcionarios de menor jerarquía", la decisión de considerar "la condición de subversivo o no de un ser humano y, lo que es más, su clandestina desaparición forzada o encarcelamiento injustificado sin actuación de los jueces naturales conforme reza nuestro sistema republicano de gobierno", consigna Clarín.

Ese análisis, según el juez Acosta "lleva a considerar prima facie que ya desde entonces se avisorarían los primeros atisbos de Terrorismo de Estado".

El juez Acosta investiga el secuestro y desaparición de Héctor Aldo Fagetti, el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe militar.

La causa que involucra a la viuda de Perón también investiga la detención ilegal, torturas y encarcelamiento en un penal de detención de mayores de edad de Jorge Berón, entonces menor, liberado en 1977.

En los fundamentos del pedido de extradición, Acosta iguala los procedimientos por los que fueron secuestrados Fagetti y Berón con los utilizados luego por la dictadura militar.

Berón y Fagetti, que pertenecían a la Juventud Peronista, señala Acosta, no estaban acusadas de cometer delito alguno. "Existió represión por pensamiento y no por obrar delictivo", dice el juez mendocino.

En su pedido de extradición el juez se refiere a los decretos que ordenaron "aniquilar el accionar de la subversión" que, si bien no fueron firmados por Isabel Perón, que estaba de licencia, "(...) Sí los ejecutó por ser la máxima autoridad política del país y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas."

También acusa a la ex mandataria de haber emitido "órdenes generales referentes al modo de proceder para combatir el flagelo de la subversión al margen del estado de derecho". 

"(...) Existiendo durante 1975 desapariciones de centenares de seres humanos en el país, resultaría imposible pensar que no conociera esa circunstancia y, en tal caso, en ejercicio pleno del dominio político y castrense, podría haber evitado tal aberrante situación, cosa que no hizo".

Según Clarín, sin nombrarla expresamente, el juez Acosta cree que la posterior dictadura militar "fue ni más ni menos que una continuación de los actos de un gobierno constitucional, que habría elegido el camino del "terrorismo" para combatir al "terrorismo" utilizando ilegítimamente los aparatos organizados de poder del Estado."

Isabel Perón es considerada por el juez Acosta " autora mediata" de los delitos que investiga, calificación que sostiene con los mismos argumentos que la Cámara Federal halló culpables a los ex comandantes en 1985.