En el marco de crítica situación de los derechos humanos en Formosa, el senador formoseño José Mayans (Frente de Todos) lanzó una defensa pública del gobernador Gildo Insfrán, diciendo que lleva adelante una “estrategia que han dictado los profesionales, no la dictamos nosotros”.
“El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia”, afirmó Mayans en respuesta de los cuestionamientos sobre la vigencia de los humanos de los formoseños.
“Es claro el Código Penal, que no podés andar contagiando a la gente. Esto es un aislamiento preventivo, son diez días o catorce días hasta que tengan un hisopado negativo. Es para proteger”. “La estrategia es aislar a la persona para preservar a la persona y al resto de la sociedad”, defendió.
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"Larreta tiene seis mil muertos y nadie le reclama por los derechos humanos", se quejó Mayans en declaraciones al diario La Nación. Apuntó que las críticas constituyen “una campaña general de la oposición”. “Obviamente estamos en un año electoral y dicen ‘cómo hacemos para atacar esto’. Sabemos que no es fácil contrarrestar esto. Hay gente que no acepta el aislamiento y quiere volver a la casa”.
“Le piden intervención federal a una provincia que no tiene déficit, que no tiene deudas de sueldo”, agregó Mayans. “Una masa salarial completa nos costó la emergencia sanitaria. Esto es una estrategia política. Sale (Elisa) Carrió y habla de Gildo. Sale (Alfredo) Cornejo y habla de Gildo. ¿Quién está detrás de esto? Naidenoff. Hay mucha bronca con él acá”.
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La situación en Formosa
Según una denuncia de Amnistía Internacional, el gobierno formoseño obliga a permanecer en los centros de aislamiento a personas con Covid-19 positivo (con síntomas leves o asintomáticas) con personas que no tienen Covid, "exponiéndolas al contagio".
"En muchos casos, a las personas no se les brindaría información de su situación de salud, o se lo hace de palabra sin tener acceso a los resultados de sus test Covid-19, se les harían varios hisopados sin que se le pida consentimiento, resultando todo ello violatorio de su derecho a la información, al consentimiento informado, a la salud, entre otros", dijo la organización.
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Según testigos, la duración de las cuarentenas en los CAS en algunos casos habría excedido los 14 días, llegando incluso a los 30 días. Además, las personas no tendrían suficiente acceso a información sobre el tiempo que permanecerán alojadas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento.
"Se obligaría a permanecer en los centros de atención sanitaria a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares", afirma Amnistía Internacional.
ds
