El ex titular de Vialidad Nacional durante la primera parte del gobierno de Cambiemos y denunciante de la causa por presunta corrupción en la Obra Pública en Santa Cruz, Javier Iguacel, declaró durante cinco horas en Comodoro Py. Ante los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 insistió con que "a Austral Construcciones le pagaban las obras por adelantado" y a pesar de eso "después de 8 o 9 años las obras estaban sin terminar".
"En primer lugar, había una enorme concentración de obras en Santa Cruz. Estaba todo concentrado en una empresa, casi el 80% de las obras en manos de Austral, que me anoticié que era de Lázaro Báez", le dijo el actual intendente de Capitán Sarmiento a los magistrados, tras las preguntas del fiscal Diego Luciani.
"Llegamos a la gestión y vimos que el 50% de las obras no se habían terminado como cantidad, pero en volumen de obra ese porcentaje llegaba al 75%, con contratos de 8 o 9 años cuyos trabajos estaban sin terminar. Todo ese paquete de cosas se fue agregando y decido denunciar porque mínimamente exigía una investigación", sostuvo.
A pesar de ser el denunciante en la causa que luego derivó en juicio oral contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner como principal acusada junto con ex funcionarios kirchneristas y Báez, Iguacel es el último testigo en declarar. Eso motivó críticas y chicanas por parte de algunos de los defensores que en la antesala a la audiencia lanzaban en tono irónico frases como "que raro, generalmente en los juicios el denunciante declara primero".
En el juicio ya declararon varios funcionarios actuales vinculados al kirchnerismo en su calidad de ex jefes de Gabinete: pasaron por la sala de audiencias de Comodoro Py el presidente Alberto Fernández, el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el chaqueño Jorge Capitanich, entre otros. Antes lo hicieron representantes de cámaras de la construcción. Tras la declaración de Iguacel comenzarán a ser citados los peritos.
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Las supuestas irregularidades en la obra pública
El ex titular de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía llegó puntual a la sala de audiencias. La primera pregunta que abrió la declaración la hizo el fiscal y apuntó a conocer cómo surgió la denuncia que realizó y que motivó el juicio.
En esa línea, Iguacel recordó que apenas llegó al organismo, a fines de 2015, se encontró con una protesta de “más de 1.500” trabajadores que habían sido despedidos de una supuesta obra pública que estaba a cargo de una de las empresas de Báez y que a pesar de haber sido pagada por adelantado no había terminado.
Tras avanzar en su declaración, el funcionario describió un supuesto “modus operandi” que comenzaba con que Vialidad Nacional le había cedido el poder al Distrito provincial de manejar las obras y sólo otorgaba el financiamiento. “Lo de Austral y las empresas del grupo era hacerse de contratos, cobrar anticipos enormes, certificar un montón de trabajos y después hacer un poquito de obra para tapar la evidencia de que no se había hecho nada", dijo.
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Generalmente -agregó- “las empresas de obra pública buscan terminar los trabajos para mostrarlos y que las vuelvan a contratar. En el caso de Báez no lo necesitaban; él no lo necesitaba mostrar porque hacía trabajos sin terminar obras, cobrando adelantos monstruosos”.
Uno de los casos concretos en los que insistió fue una obra en la ruta 9. “Con el 45% del proyecto hecho, es decir los planos, ya tenía cobrado el 40% del valor de la obra. Cuando a uno le anticipan tanto dinero se supone que tiene que acortar el plazo pero acá pasaba todo lo contrario: era injustificable semejante dilación”, detalló.
Bajo promesa de decir verdad, el ex funcionario macrista aseguró que hubo “una decisión deliberada” por parte de Báez y sus empresas de “no continuar con las obras”. Fue ahí cuando señaló que ello “era aceptado por los funcionarios públicos porque no había ninguna razón para que una obra arrancada en 2006 no esté terminada en 2015”.
Iguacel y el nexo K de las supuestas irregularidades
Un par de horas después de iniciada la audiencia, Iguacel contó que cuando comenzó a investigar las supuestas irregularidades lo fue a ver “asustada” una contadora que respondía a Sergio Pasacantando, ex gerente de Administración de Vialidad Nacional. “Ella era la que hacía efectivos los pagos y en un momento me contó que le empezaron a pedir que libere pagos por adelantado, que levantó la bandera y dijo que no había nada que lo justifique”, recordó.
A propósito, el ex funcionario dijo que la contadora supuestamente pidió un documento para justificar los adelantos. “Me dijo que le respondieron que era una orden de la superioridad”, declaró. Fue ahí cuando apareció el nombre del ex subsecretario de Obras Públicas, José López.
“Me dijo que el pedido venía de más arriba del administrador de Vialidad, que venían de López. En ese momento no sabía quién era, después supe que dependía del ex ministro Julio De Vido. López mandaba mails o a través de su chofer una nota escrita con la orden de pagar anticipadamente”, les dijo a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Uriburu y Andrés Basso.
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Una vez anoticiado de eso, Iguacel recordó que fue a ver a Pasacantando para interpelarlo y que le preguntó cómo había llegado a Vialidad a pesar de, supuestamente, no haber tenido experiencia previa. “Me contó que había trabajado en la financiera Inverness donde había conocido al financista Ernesto Clarens y a Lázaro Báez porque le llevaban el manejo de dinero. Que llegó a Vialidad porque Néstor Kirchner pidió que lo pongan de gerente y que entró a ordenar y asegurar que fluyan los pagos”, dijo.
Para cerrar ese punto, dijo que cuando quiso echar a Pasacantando detectó “una anomalía absoluta” ya que lo habían nombrado en planta permanente. “El presidente de la Nación nombra al administrados general y al subadministrador, no se suele involucrar en el resto interno. Y Néstor Kirchner lo nombró viniendo de Inverness según me dijo él”, completó.
Las dudas de la defensa
Cerca de las 13.30, cuatro horas después del inicio de la audiencia, la Fiscalía terminó sus preguntas y comenzaron a hacerlo los defensores.
Iguacel debió retirarse en un momento porque el abogado Mariano Fragueiro, representante de Héctor René Garro, un ex titular de Vialidad Nacional entre 2005 y 2006 quiso preguntar sobre la confección de la denuncia. El presidente del Tribunal se negó y el letrado pidió tiempo para justificar. “Hay documentación que avalaría que intervino un estudio externo en la confección de la demanda. Me interesa saber quiénes lo hicieron”, explicó.
Tras un breve cuarto intermedio, los jueces pasaron a deliberar y se mantuvieron en la negativa. Posteriormente, muchas de las preguntas que siguieron fueron objetadas tanto por Luciani como por el otro fiscal de juicio, Sergio Mola.
Uno de los últimos defensores en preguntar fue Carlos Beraldi, en representación de Cristina Kirchner. El letrado apuntó sus interrogantes al trabajo de Iguacel tras dar cuenta de las supuestas irregularidades.
Entre otras cosas le preguntó si recordaba cuantos convenios hubo entre Vialidad Nacional y otros distritos federales. Iguacel dijo que “no recuerdo con precisión, pero específicamente Santa Cruz todos los indicadores sostienen que eran hasta 10 veces superior” que en otras provincias.
Tras cinco horas de audiencia, las preguntas de los defensores no se agotaban. Por ello, el Tribunal abrió un cuarto intermedio y volvió a convocar a Iguacel a continuar con la declaración el próximo 21 de marzo a las 9 de la mañana.
as / ds
