La Comisión de Juicio Político comenzó con las preguntas en la segunda ronda de testigos donde se investiga el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia con la idea de exponer a sus integrantes a un juicio político.
Uno de los convocados fue el ex senador con pasado en el Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, quien apuntó contra los privilegios que defienden los jueces. “A nuestro juicio, no había un manejo transparente, un manejo bien controlado de los recursos y cada vez había una preeminencia mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios”, dijo sobre el período que presidió el cortesano Ricardo Lorenzetti.
También formaron parte de la convocatoria Sergio Napoli, de la secretaría Judicial N° 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Gustavo Naveira, de la secretaría N° 7 Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambos hablaron sobre su trabajo en la Corte Suprema y su vínculo con los jueces del máximo Tribunal y su entorno.
Fueron los únicos testigos que asistieron de forma presencial, ya que el fiscal federal Carlos Stornelli y la fiscal María Laura Roteta no se presentaron en Diputados.
Respecto a esto, la presidenta de la comisión Carolina Gaillard consideró que Stornelli “tiene que venir a declarar de manera presencial, ya que las excepciones previstas nos son las de nuestro reglamento, que tiene rango constitucional. Es por ello, que se lo volverá a convocar”.
De lo contrario, informó que se puede iniciar “el proceso de desafuero, para poder citarlo y traerlo a declarar con la fuerza pública”.
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Estos dichos fueron replicados por el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien cuestionó la interpretación del reglamento de Gaillard y agregó que “cualquier funcionario, previsto en el Código Procesal, puede declarar por escrito, para guardar su decoro e investidura”.
Más allá de las disidencias, los diputados definieron por mayoría realizar una nueva convocatoria a Stornelli y solicitaron la participación de dos nuevos testigos: Juan Manuel Olima y Marcelo Mazzeo.
Finalmente se ordenó retirar las copias pertinentes y remitirlas al juez competente para indagar si “el juez Sergio Ramos hubiese presumiblemente incurrido en falso testimonio en la audiencia en la que estuvo presente en la Comisión” en su presentación, donde afirmó no tener relación con el licenciado ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en simultáneo a una filtración de chats donde ambos se trataban de forma amistosa.
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