El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 condenó este jueves al ex secretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Octavio Aráoz de Lamadrid, a cinco años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el delito de tráfico de influencias agravado en la causa por el encubrimiento de la investigación del crimen de Mariano Ferreyra. El ex encargado del sistema informático de asignación de jueces de Casación Penal, Luis Ameghino Escobar, fue condenado a tres años de prisión, de ejecución condicional, como partícipe necesario del delito de tráfico de influencias agravado y le ordenaron hacer trabajo comunitario.
El tribunal dictó dos absoluciones: al vicepresidente del Belgrano Cargas, Ángel Stafforini, a quien consideró partícipe secundario del delito de tráfico de influencias agravado pero advirtió que estaba prescripta la acción (por el paso del tiempo) y a la directiva de Belgrano Cargas, Susana Planas.
El TOF 8 ordenó el decomiso de los 50.000 dólares que se encontraron en un sobre rotulado “Octavio” y los puso a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 5 de agosto.
La jornada comenzó poco antes de las 12 en la que los imputados tuvieron la posibilidad de decir las últimas palabras. Aráoz de Lamadrid dijo que “no hay pruebas que sustenten la acusación porque los hechos no ocurrieron”. “La justicia argentina debe ser el reflejo de la certeza. Una acusación sin pruebas debe ser descartada”, sostuvo y cargó contra el trabajo de la fiscalía.
En tanto, la directiva de Belgrano Cargas, Susana Planas, dijo que era “totalmente inocente”. El resto de los imputados, Ameghino Escobar y Stafforini optaron por no hacer uso de la palabra.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa, consideró que con esta sentencia "fue comprobado el pacto de encubrimiento".
El juicio por encubrimiento
Por el crimen de Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010, fueron condenados agentes de la Policía Federal e integrantes de la Unión Ferroviaria, entre ellos su titular, José Pedraza. Mientras se investigaba el crimen se descubrió un plan ejecutado por funcionarios judiciales, un espía y sindicalistas para revocar el procesamiento de Pedraza.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa en representación de la familia de Mariano Ferreyra, “el plan se puso en marcha prácticamente desde el día del crimen. Pedraza, Stafforini y Planas ofrecieron dinero a Riquelme y a Aráoz de Lamadrid para que movieran sus influencias y la situación del líder sindical se resolviera en la Sala III de Casación, que integraba Eduardo Riggi, un viejo conocido al que pretendían influenciar. Para eso también tenían que convencer a Ameghino Escobar”.
Un quinto imputado, Juan José Riquelme, no llegó al juicio porque murió pocos días antes. El hombre, agente de la SIDE, “hablaba por teléfono con jueces, los visitaba en sus despachos, compartía almuerzos y les hacía regalos”. “Esas relaciones luego las utilizaba para intentar influir en las decisiones que tomaban los magistrados. Por esa tarea cobraba dinero”, aseguraron desde el CELS.
“A mí no me interesa lo que hicieron o dejaron de hacer, me interesa lo que a mí me llega”, relataba Riquelme en audios que son prueba en este juicio. El tribunal también tiene las conversaciones entre Riquelme y Aráoz de Lamadrid en las que dan cuenta de que buscaban que la causa recayera en la sala que integraba el camarista de Casación Penal Eduardo Riggi, la III.
“Este es un mensaje para Don José (Pedraza). Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes y que Ángel (Stafforini) se comunique sin ningún inconveniente”, dijo Riquelme en otro audio en referencia a que quien quería cobrar buscaba hacerlo en dólares.
Sobre Ameghino Escobar, la querella del CELS indica que ingresó al sistema de sorteos con su usuario personal. “Conociendo el estado del ‘bolillero virtual’, manipuló los tiempos para asegurar que la causa fuera asignada a la sala que pretendían”, indicaron.
Los pagos se realizaron el 1 de febrero de 2011. Según el CELS, “Stafforini y Planas pagaron al menos 50.000 dólares. Los movimientos quedaron registrados: hubo reuniones en estacionamientos, ingresos al estudio de Aráoz de Lamadrid y mensajes que confirmaban que la tarea estaba hecha. Con todas las condiciones dadas para que Riggi interviniera de la manera que habían planeado, ese mismo día el juzgado de instrucción allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid y alertó, así, a todos los involucrados de la existencia de la investigación. El plan se frustró antes de la intervención de Riggi y los imputados cortaron las comunicaciones”.
El CELS había pedido que se condene a Aráoz de Lamadrid por tráfico de influencias y cohecho a la pena de 8 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos; a Stafforini y a Ameghino Escobar, a 6 años, y a Susana Planas a 4 años, por los mismos delitos.
FP/ff
