Axel Kicillof empieza a sortear el límite bonaerense y se prepara para dar un paso más en la construcción de un posicionamiento nacional: cruzará el alambrado provincial para convertirse en una voz de referencia de un reclamo que ya no es solo del territorio que gobierna, sino de un conjunto de intendentes cada vez más asfixiados por la falta de recursos.
Este martes habrá una puesta en escena pensada para incomodar a la gestión de Javier Milei y al ministro Luis Caputo, pero también para mostrar volumen político: una convocatoria amplia de jefes comunales de distintas provincias que firmarán un documento y lo llevarán en mano hasta el Ministerio de Economía, con una foto que busca visibilizar el conflicto.
La secuencia armada llevará a los dirigentes a hacer la entrega formal en mesa de entrada de la cartera que comanda Caputo. Allí se sumará Kicillof, que dejará su sello para validar el pedido que viene planificando el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
No es un dato menor quiénes estarán: habrá alcaldes de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Chaco, Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Tierra del Fuego, San Luis y Jujuy. Un mapa político amplio que empieza a darle volumen nacional a un reclamo por fondos que se vuelve cada vez más desesperante para los intendentes. Kicillof se posicionará así no solo como representante de los dirigentes de la provincia que gobierna, sino también como un referente frente a otros jefes comunales que no son escuchados por sus gobernadores por ser aliados del gobierno libertario.
El documento que presentarán pone el foco en el precio de los combustibles. Según el informe que elaboró el Instituto Argentina Grande que comanda el ministro de Obras Públicas de la provincia, Gabriel Katopodis, desde la asunción de Milei la nafta aumentó un 542,7%, muy por encima de la inflación (292%) y de los salarios (288%).
En lo que va de 2026, el incremento ya alcanza el 24% y podría volver a subir en mayo. El precio pasó de $ 1.657 en febrero a más de $ 2.000 por litro en abril.
Uno de los puntos más sensibles es la estructura del precio, aproximadamente el 50%, depende de variables internas, donde el peso de los impuestos es central. En términos concretos, de un litro a $ 2.000, unos $ 400 son carga tributaria.
Por ley, el 28,5% de lo recaudado debería destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, con un 50% para rutas nacionales y un 4,31% para infraestructura hídrica. Sin embargo, los intendentes denunciarán que esos fondos no se ejecutan.
El informe calcula que el Estado nacional recaudó $ 6,1 billones en dos años y cuatro meses por impuestos vinculados a infraestructura (incluyendo el ex impuesto PAIS y el ICL), sin que se traduzcan en obras.
El documento también incorpora comparaciones internacionales. Argentina aparece entre los 33 países con mayores subas de precios tras la crisis energética global, pero con aumentos superiores a los de países comparables como Brasil (+7,6%), México (+9,8%) o Colombia (-0,7%). Hoy el litro cuesta en promedio US$ 1,42, más caro que en Estados Unidos (US$ 1,09) y Brasil (US$ 1,31), pese a que Argentina es productora de petróleo.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la infraestructura. Según el relevamiento, hay más de 2 mil obras paralizadas en el país y cerca de mil en la provincia de Buenos Aires. El informe advierte que no se construyó ni un kilómetro de ruta en más de dos años.
El trasfondo de los números tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires estima que perdió más de $ 22 billones desde diciembre de 2023 entre caída de recaudación, transferencias interrumpidas y obras paralizadas.
Solo por coparticipación, en febrero de 2026 recibió $ 100 mil millones menos que el año anterior. A nivel nacional, las provincias perdieron casi medio billón en ese mismo mes.
La caída no es puntual: la recaudación nacional lleva siete meses consecutivos en baja, con una contracción del 9,7% interanual en febrero y una caída del IVA superior al 14%. En paralelo, los municipios bonaerenses acumulan pérdidas por más de $ 1,07 billones vía coparticipación desde el inicio de la gestión.
En este contexto, Kicillof avanzó con una estrategia judicial ante la Corte Suprema de Justicia: El paquete incluye ocho demandas clave:
- Fofofi: reclamo por $ 88.800 millones por la eliminación del fondo para seguridad
- Fonid: unos $ 42 mil millones por el incentivo docente.
- Transporte: $ 5 mil millones por subsidios al interior.
- Anses: el más grande, con $ 681 mil millones por el déficit previsional.
- SUBE: amparo por la quita de compensaciones.
- Bosques Nativos: $ 400 millones.
- Enargas: cuestionamiento a tasas en boletas de gas.
Consenso Fiscal: asciende a $ 2,2 billones actualizados.
Todas las causas están en trámite bajo competencia originaria, con pedidos de medidas cautelares, pero una de ellas se movió en las últimas semanas y podría tener novedades en diez días. Se trata del pedido por los fondos previsionales que debe transferir la Anses. La demanda que exige la restitución de los giros por el déficit de la caja jubilatoria no transferida tiene prevista una instancia clave con audiencia convocada para el 21 de abril por la Corte Suprema, en la que el gobierno provincial espera escuchar una propuesta por parte del Ejecutivo Nacional que implique la liberación de fondos.
Con ese telón de fondo y un gobierno nacional que empieza a sentir la presión ciudadana por la crisis económica ya indisimulable en la calle, Kicillof comienza a ampliar su rol provincial para convertirse en articulador de demandas territoriales. La foto del martes será uno de los primeros intentos de ordenar un frente federal frente al ajuste de la Casa Rosada.
Las ocho demandas claves que tiene la corte
◆ Reclamo por $ 88.800 millones por la eliminación del fondo para seguridad.
◆ Unos $ 42 mil millones por el incentivo docente, que fue anulado a través del FONID.
◆ Transporte: $ 5 mil millones por subsidios a los colectivos del interior.
◆ ANSES: es la controversia más grande. Llega a los 681 mil millones por el déficit previsional.
◆ SUBE: hay un amparo presentado por la quita de compensaciones
◆ Bosques Nativos: $ 400 millones para compensar-
◆ Enargas: cuestionamiento a tasas en boletas de gas.
◆ Consenso Fiscal: asciende a $ 2,2 billones actualizados.
