El juicio oral y público contra el empresario Lázaro Báez es la primera prueba de fuego judicial para tres organismos del Ejecutivo. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) quedaron en manos de funcionarios designados por el gobierno de Alberto Fernández y deben, al mismo tiempo, acusar al ex socio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso de “la ruta del dinero K”.
Se trata del juicio más avanzado entre las causas vinculadas a la supuesta corrupción durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) pero aún le restan varios meses por delante, de acuerdo a las estimaciones del tribunal. Los más optimistas esperan una sentencia para agosto.
Todavía resta que la UIF finalice su alegato. Luego continuarán la OA y el fiscal Abel Córdoba. Hay 27 defensas en este juicio, que también alegarán durante meses ante el tribunal.
El miércoles, el abogado de la UIF pedirá penas contra Báez. Esta semana, ya había comenzado su alegato. “No existe otra forma de empezar que partiendo de la persona de Lázaro Báez como cabeza de la organización”, sostuvo Fabián Merola ante el tribunal.
Fuentes del organismo anti-lavado sostuvieron que pedirán penas similares a las solicitadas por la AFIP, que en el caso de Báez rondaron los ocho años de prisión. No es una pena menor para hechos de lavado de activos, en los que no hay componentes agravantes como otros delitos más graves, explicaron fuentes del caso (léase narcotráfico, homicidios, trata de personas).
El máximo de la pena que pueden solicitar contra Báez es de 26 años (las penas van de entre cuatro años y medio mínimo hasta 13 años máximo por cada uno de los dos hechos de la acusación). Pero las características del caso no habilitan a solicitar la pena máxima, de acuerdo con los acusadores consultados.
Báez ya pasó casi cuatro años detenido con prisión preventiva. De ser condenado a unos ocho años, le corresponderían otros cuatro años de cárcel.
La situación de la OA es distinta a la de la UIF y la AFIP. El abogado que encabezaba la querella de este organismo, Juan Trujillo, renunció tras la salida de Laura Alonso en diciembre. El alegato quedó entonces a cargo de dos abogadas que lo asistían en el juicio. El caso tiene una particularidad para la OA: no hay funcionarios públicos acusados.
Aun así, la gestión de Alonso había insistido en que la OA fuera uno de los organismos querellantes, sosteniendo que se presumía la supuesta connivencia de miembros del gobierno kirchnerista.
Una eventual condena a Báez tendrá un efecto directo sobre el futuro judicial de Fernández de Kirchner. Ambos se cruzan en la mayoría de las causas contra la vice que esperan su juicio oral (como Hotesur y Los Sauces) y en el juicio por la supuesta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
En la “ruta del dinero”, el empresario es juzgado junto a sus cuatro hijos, entre otras razones, por la supuesta fuga y lavado de unos US$ 60 millones a través de paraísos fiscales y cuentas en Suiza. Se presume que los fondos provenían de la obra pública en Santa Cruz, garantizada por el entonces gobierno nacional. Báez administró “millones y millones que corresponden a todos los argentinos”, dijo el abogado de la UIF.
