El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, recalculó el desplazamiento de los directores Jaime Mecikovsky y Carlos Bo, tras las explosivas críticas de Elisa Carrió reveladas por PERFIL este fin de semana. Mientras la diputada de Cambiemos resetea el eje de sus dardos hacia el ministro de Justicia, Germán Garavano, el principal organismo de control del Estado intenta reacomodarse al huracán Carrió.
Los cambios en torno al jefe de la DGI, Horacio Castagnola, sin embargo, no tienen retorno. El funcionario finalmente no aceptó la oferta consuelo de Cuccioli para integrar un consejo consultor y tramita su jubilación.
El fisco sí dio señales de paz a dos de los desplazados y sus subalternos, en el marco de los cambios conocidos este viernes. A Jaime Mecikovsky, director de Operaciones Impositivas del Interior, Cuccioli le ofreció esta semana comandar una dirección anti-lavado de dinero, confirmaron en la AFIP.
Carlos María Bo, el jefe interino del Departamento Investigaciones de Riesgo, oficializó el lunes su “renuncia indeclinable” a su cargo al considerar que los desplazamientos de sus superiores habían sido “injustificados”, sostuvieron fuentes del organismo.
Bo dependía directamente de Castagnola, quien le había otorgado independencia para investigar casos de alto voltaje. Sin embargo, el nuevo titular de la DGI, Marcelo Costa, pediría a Bo que continúe en su puesto al menos por un tiempo para ayudar a concluir algunas de las investigaciones. Como informó PERFIL, el desplazamiento de Castagnola significaba la salida tácita de Bo, uno de sus hombres de mayor confianza. Carrió lo sabía. Había pedido por los tres funcionarios el lunes de la semana pasada, pero Cuccioli ordenó desplazar a Castagnola y Mecikovsky el viernes siguiente, tras un almuerzo con Mauricio Macri.
“Sacar a tres héroes de la AFIP por mi apoyo equivale a aliarse con Echegaray y su gente”, escribió la diputada en su cuenta de Twitter el sábado. “El Presidente va a tener que elegir entre la línea Angelici o Carrió: elige o cae”, sentenció más tarde en una conferencia. La diputada sabía que los funcionarios de Castagnola habían presentado un informe contra Iecsa, la exconstructora de Angelo Calcaterra, primo del Presidente, días antes.
Los desplazamientos también generaron la renuncia “indeclinable” del director regional de la DGI de Mar del Plata, Manuel Javier Rodríguez. El funcionario escribió que dejaba su cargo ante “la gravedad institucional” de los hechos revelados por PERFIL el sábado: Castagnola había ordenado a su equipo presentar dos informes que revelaban posibles coimas pagadas por Iecsa por casi US$ 5 millones. Las pruebas se adjuntaron a los expedientes de los cuadernos de la corrupción y al caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
“Hemos vivido en nuestra casa situaciones de similar gravedad institucional en el año 2008, cuando los funcionarios actualmente desplazados de sus cargos, también corrieron con la misma suerte por la denuncia que se realizara por ese entonces de empresas vinculadas a Lázaro Báez”, escribió Rodriguez.
“El actual gobierno ha fundado su plataforma electoral ’en un cambio’, que a la luz de los actuales acontecimientos, pareciera distar mucho de la realidad, al menos, por el momento que se vive en el marco de las actuales decisiones instrumentadas por el Sr. Administrador Federal. A estos acontecimientos, deben agregarse los cambios de jefaturas dispuestos hace escaso tiempo en la Dirección Regional Rosario, con el único fin de designar militantes partidarios en las jefaturas de División Revisión y Recursos y Sección Penal respectivamente, con el consecuente desplazamiento de los funcionarios que ocupaban dichos puestos”, agregó el funcionario en su renuncia.
Déjà vu. Castagnola había sido director general de la DGI entre 2002 y 2008, durante la primera gestión de Alberto Abad en la AFIP. En marzo de 2008, Abad renunció como jefe del organismo tras una fuerte interna con el entonces titular de Aduana, Ricardo Echegaray.
Entonces, Pablo Moroni asumió en el lugar de Abad. Apenas duró hasta diciembre de 2008, pero en el interín, el kirchnerismo se deshizo de Castagnola y de Jaime Mecikovsky, quien entonces era subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior. Los mismos hombres fueron desplazados el viernes por la administración de Cambiemos.
El caso Gotti. La salida de Castagnola y Mecikovsky en 2008 ocurrió a raíz de una investigación de la DGI sobre la empresa Gotti Hermanos, de Lázaro Báez, que hizo saltar por los aires a ambos funcionarios. Entonces, Gotti concentraba gran parte de la obra pública de Santa Cruz.
En agosto de ese año, Castagnola dejó el organismo y poco después pasó a asesorar al entonces senador Carlos Verna (La Pampa), de quien es amigo. Mecikovsky fue eyectado del cargo y pasó a ocupar una silla en el “freezer” de los castigados del organismo. También desplazaron a su subalterno Norman Williams, que encabezaba la DGI en Comodoro Rivadavia, donde descubrieron las facturas falsas por alrededor de $ 400 millones.
Tras la “limpieza” ejecutada por Moroni -un hombre del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández-, Echegaray asumió como titular de la AFIP en diciembre de 2008. El mismo había sido abogado de Gotti en Santa Cruz antes de ser funcionario. Mientras tanto, Báez zafó. Gotti se acogió a una moratoria de la AFIP y solucionó su monumental problema de facturación apócrifa.
Desarmando al Equipo E. Faltaba al menos un funcionario a desplazar. Carlos Bo era supervisor jefe del equipo E de Investigaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales en la DGI. Investigó los sobornos de IBM-Banco Nación y de Skanska, dos casos emplemáticos de la corrupción del menemismo y el kirchnerismo.
En 2011, una de sus investigación provocó que Echegaray ordenada desarmar su equipo. Bo terminó uniéndose al grupo de “congelados” del organismo. El caso que provocó la furia del kirchnerismo también fue por facturas falsas y apuntaba a una supuesta asociación ilícita: una banda con supuestas ramificaciones en los servicios de inteligencia del Estado que robaba identidades para armar sociedades comerciales que luego emitían facturas truchas a grandes empresas.
El equipo de Bo investigó entonces a varias empresas cercanas al gobierno kirchnerista: Ideas del Sur, Aeropuertos Argentina 2002, TBA y Grupo Plaza, Metrovías, el Grupo Petersen, Correo Argentino (entonces estatizada) y Casino Club. La investigación preliminar apuntaba a que parte de las facturas truchas emitidas en 2007 podrían haber sido utilizadas para que las empresas justificaran aportes en negro a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos. Antes de que avanzaran en ese sentido, los funcionarios del equipo fueron desplazados. El caso se redujo a temas impositivos que no habrían alcanzado a todas las empresas investigadas inicialmente. Carrió siempre lo supo.
