Ayer se cumplieron exactamente dos años y cinco meses desde que la causa de la valija de Guido Antonini Wilson entró en la etapa de muerte segura. En seis meses más, si la Justicia sigue sin movilizar el expediente, podría cerrarse para siempre, como pretenden los imputados.
La Sala II de la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, recibió el expediente el 1º de agosto de 2012, cuando el fiscal ante la Cámara en lo Penal Económico Ramiro Rodríguez Bosch apeló el sobreseimiento de todos los imputados para evitar el archivo definitivo de la investigación. Desde entonces, el expediente ingresó en una etapa silenciosa.
La discusión de fondo es si Antonini Wilson cometió un supuesto delito de lavado de dinero o de contrabando. De eso depende la suerte del venezolano y sus compañeros de viaje, como el ex funcionario K Claudio Uberti, y el ex funcionario chavista Diego Uzcátegui, protagonistas de esta causa emblema de la era K.
El tiempo sólo ayuda a los imputados. Alejandro Slokar –uno de los líderes de Justicia Legítima–, Angela Ledesma –también de esa agrupación– y Pedro David deben decidir si la causa de Antonini prescribió y en qué delito se encuadra el hecho. En agosto de este año, prescribe el delito de lavado de dinero, ya que se cumplen tres años desde la última intervención en la causa –la apelación del fiscal Rodríguez Bosch–. Los delitos de esta naturaleza prescriben a los tres años porque esa es la pena máxima en la ley vieja de lavado.
Quedan sólo siete meses –cinco y medio, si se restan el período de ferias de enero y julio– para que los miembros de Casación decidan fijar audiencias. Algo que no hicieron en los últimos dos años y medio. Fijar una audiencia pone a los jueces un tiempo límite para decidir el destino de la causa. Los obliga a escuchar a las partes y tomar una decisión. Si se cumplen tres años desde el ingreso del expediente a Casación, la causa prescribe. Así lo viene expresando la defensa de uno de los imputados en varios escritos.
Fuentes de la Sala II confirmaron que jamás pusieron fecha a las audiencias para escuchar las versiones del fiscal y de los imputados. PERFIL quiso saber las razones, pero en los despachos de los jueces dijeron que iba a ser muy difícil dar con ellos para conocer su opinión.
Hay una larga discusión en la causa. Los últimos jueces que fallaron en la causa determinaron que el hecho se encuadra en lavado y no en contrabando. Los fiscales que intervinieron durante años consideran que ingresar dinero negro se encuadra en el contrabando. Los camaristas del fuero Penal Económico y el primer juez de la causa, Daniel Petrone, dicen que el dinero no es mercancía y por ende no entra dentro de los artículos que pueden contrabandearse. La pena máxima para el contrabando es de ocho años.
En 2007, el venezolano Antonini Wilson ingresó al país con una valija y US$ 800 mil negros y fue detectado por personal del Aeroparque Metropolitano. Había llegado en un avión privado junto al entonces funcionario Uberti, encargado de las relaciones comerciales con Venezuela. En la aeronave también viajaban Uzcátegui, entonces funcionario de la petrolera estatal venezolana Pdvsa; su hijo Daniel; y Exequiel Espinosa, titular de la empresa estatal de energía, Enarsa.
