Mientras el macrismo amenaza con vaciar la comisión especial por el caso de escuchas ilegales, la oposición se prepara para avanzar en una profunda investigación legislativa. Quienes llevarán la voz cantante serán ocho diputados opositores (ver infografía), que aún no coinciden en cómo llevar adelante el trabajo que puede complicar al gobierno de Macri.
La comisión investigadora, que se votará el próximo jueves, contará con un integrante por cada bloque (12 en total) y tendrá amplias facultades para convocar a funcionarios nacionales y porteños, testigos y hasta la propia familia del jefe de Gobierno. Justamente, el cuñado del líder del PRO, Néstor Leonardo, fue una de las víctimas de las escuchas ilegales por las que el “Fino” Palacios y Ciro James (el espía que trabajó en Educación) están encarcelados y Macri procesado.
En diálogo con PERFIL, uno de los miembros de la comisión, Eduardo Epszteyn (del ibarrista Diálogo por Buenos Aires), planteó que “hay que investigar el sistema de decisiones del macrismo y la actuación de personajes como Andrés Ibarra (ex subsecretario de Educación cuando se contrató al espía), Nicolás Caputo (íntimo amigo de Macri) y el Fino Palacios como operadores de una red de intereses que entrecruza lo público y lo privado”. Por su lado, otro de los más acérrimos opositores al PRO, Martín Hourest (Igualdad Social) apuntó otras líneas de investigación: “Debemos analizar la causa de las decisiones de gobierno. Por ejemplo lo que refiere a cómo se utilizaron los recursos humanos del Estado. Esto es, cómo llegaron Palacios, Chamorro (el segundo del Fino), Ciro James y muchos agentes de la Metropolitana”. Otros miembros de la comisión, como el kirchnerista Juan Cabandié, Gabriela Cerruti (de Martín Sabbatella) y Fabio Basteiro (Pino Solanas), pidieron también ir a fondo con la policía porteña. Por su parte, el jefe de la bancada peronista, Diego Kravetz (autor del proyecto de comisión), explicó que primero habría que “elegir las autoridades y dictar un reglamento”. Luego, dijo, “hay que avanzar rápidamente para generar pruebas pidiendo información documental al Gobierno y citar testigos”. Y cerró: “El primero que debería venir a dar explicaciones es el jefe de Gobierno”.
