La Corte Suprema intervendría a partir de febrero en la causa por la suspensión del fiscal José María Campagnoli, que investigaba al empresario Lázaro Báez por supuesta extorsión.
La sanción fue impuesta por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por “haberse excedido en sus funciones al investigar a Lázaro Báez”.
Luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazara el martes la medida cautelar presentada por la defensa de Campagnoli para ser reincorporado a su cargo, la Corte deberá intervenir en la resolución del pleito de extrema sensibilidad para el Gobierno. Los camaristas Carlos Grecco, Jorge Argento y Sergio Fernández rechazaron la cautelar solicitada por Campagnoli con sustento en fallos del Máximo Tribunal.
La estrategia de la defensa, integrada por el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra e Ignacio Irigaray, será presentar un recurso extraordinario ante el máximo tribunal de justicia por la medida cautelar rechazada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Así, la Corte iniciará el año judicial con alto nivel de tensión al recibir la causa que divide a la Justicia en dos sectores. Por un lado, los miembros de Justicia Legítima apoyan la decisión de la Procuradora y sostienen que Campagnoli, que era fiscal de instrucción, comenzó a investigar delitos del fuero federal, que no son de su competencia.
Sin embargo, un sector del Poder Judicial enfrentado con el Gobierno cree que al fiscal se lo separó de su cargo por haber investigado “la ruta del dinero K” y haber hallado pruebas clave que ahora serán incorporadas en la causa que se le sigue al empresario K en el fuero penal federal.
