La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal que "se imprima a la causa el trámite que prevé el Código Procesal Penal de la Nación y se dicte sentencia a la brevedad" en un expediente relacionado con el atentado contra la AMIA.
El máximo tribunal aceptó un reclamo de los representantes de la Comunidad Judía agrupados en Memoria Activa sobre un expediente resuelto por el exjuez federal Gabriel Cavallo en 1997 y en instancia de apelación desde 2007.
En la causa, elevada a juicio en 2011, están imputados el exjuez Juan José Galeano, el extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el extitular de la DAIA, Rubén Beraja, y Carlos Telleldín, entre otros, por las presuntas irregularidades en el marco de la investigación. Entre las denuncias aparecen el pago ilegal de 400 mil dólares al desarmador de autos Carlos Telleldín y el sembrado de pistas falsas que terminaron por obstaculizar la pesquisa.
"Se admite la denuncia de retardo de justicia", sostiene el fallo, que al mismo tiempo "ordena la remisión del expediente a la sala segunda de la Cámara Federal de Casación Penal", a la que exige que "dicte sentencia a la brevedad".
"La dilación injustificada de los litigios implica que los derechos pueden quedar indefinidamente sin su debida aplicación y con grave e irreparable perjuicio de quienes los invocan", resume el fallo del máximo tribunal difundido por la agencia DyN.
La decisión fue firmada por todos los jueces del tribunal con excepción de Raúl Zaffaroni, quien está fuera del país por razones académicas. La Corte reivindicó "la garantía constitucional de defensa en juicio", que "incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable".
