Al borde de que expire el decreto presidencial que dispuso la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, la Corte Suprema de Justicia se prepara para pronunciarse en la causa en que se debate la constitucionalidad del decreto, la cual derivó en un fuerte cruce entre Nación y Ciudad.
En la Procuración General de la Nación, la procuradora ante la Corte, Laura Monti, y su equipo trabajaron para contestar lo antes posible la vista que les dio la Corte sobre el expediente, aunque esa opinión no es vinculante para los jueces.
Ahora bien, el pronunciamiento del máximo tribunal llegará al filo del vencimiento del decreto presidencial, que rige hasta la medianoche del próximo viernes.
Nicolás Trotta sobre las clases presenciales en la Ciudad: "Me cuesta creer la judicialización"
La Corte Suprema ya había recibido el descargo de la Nación presentado mediante un escrito a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encabezada por Carlos Zannini y que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.
En ese escrito, Zannini y su equipo de letrados habían contestado los argumentos de Horacio Rodríguez Larreta sobre la inconstitucionalidad del decreto y la necesidad de abrir las escuelas. En ese marco, la Corte le dio ocasión a la Ciudad para que analice los argumentos de la Nación presentados por la PTN y responda en 48 horas, plazo que vence este jueves.
También, el máximo tribunal había rechazado el pedido del Gobierno para incorporar como "parte" en el reclamo por las clases presenciales a la provincia de Buenos Aires.
A partir de esto, le otorgó al procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, un plazo de 72 horas para que emita su opinión ante el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, trascendió que es posible que la respuesta de la Procuración se conozca el próximo jueves.
Santiago Cafiero recibió al Gobierno porteño y al bonaerense en una reunión en Casa Rosada
Conflicto entre el Gobierno porteño y el nacional por las clases presenciales
Días atrás, la gestión porteña puso en duda la constitucionalidad del decreto presidencial, con el argumento de que ataca la autonomía de la Ciudad, al tomar decisiones sobre la educación, un asunto reservado en la Constitución Nacional a la jurisdicción local, luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera, de forma inconsulta, que se volvía a la virtualidad en las aulas hasta el 30 de abril.
Por el contrario, la Nación rechazó estos argumentos y definió su reclamo en motivos legales y sanitarios, atribuyéndole a la administración de Larreta "una mirada negacionista de la realidad".
CFT/FF
