Apenas una docena de días hábiles tras la terminación de la feria judicial le bastaron a la Corte Suprema para jugar una carta crucial en contra del Gobierno en general y del kirchnerismo en particular. Ocurre que mientras el Congreso avanza en comisión con el juicio político, la Corte Suprema decidió no tomarle juramento al senador rionegrino Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.
Así surge de la acordada 2/2023, que en tan solo cuatro carillas fija la postura cortesana sobre el tema. En su parte resolutiva contiene dos puntos: en el primero dispone que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, "reciba de la consejera María Inés Pilatti Vergara y de los consejeros Mariano Recalde y Eduardo Alejandro Vischi el juramento de ley".
Sin embargo, el segundo punto dice: "Denegar la toma de juramento del senador Claudio Martín Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura".
El sentido de la acordada no sorprendió puertas adentro del Frente de Todos ni del kirchnerismo. Para sostenerlo recuerdan una decisión anterior de los cortesanos en el mismo sentido, del 8 de noviembre pasado.
En ese entonces, los jueces publicaron una acordada en la que también rechazaron la validez de Doñate como candidato a ocupar una silla del organismo encargado de la selección y el control del comportamiento de los magistrados. En términos concretos, la acordada declaró la nulidad del decreto parlamentario que lo designaba e hizo lugar a una acción de amparo. También había declarado "inoponible" la partición del bloque oficialista en el Senado, jugada que puso al kirchnerismo como segunda minoría y permitió que este camporista sea el elegido.
Qué dice la acordada cortesana
La nueva acordada, en tanto, lleva la firma de Rosatti y sus pares Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. No aparece entre los firmantes el juez Ricardo Lorenzetti, en sintonía con su actuación en los temas relacionados al Consejo de la Magistratura. Pero eso no impidió sacar la acordada ya que son necesarios tres votos para cualquier decisión judicial o administrativa que se tome en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
En la argumentación, los jueces consideraron que la Corte "mal podría, en ejercicio de su competencia administrativa, disponer que el señor Presidente del Tribunal tome juramento al senador Doñate en representación de la segunda minoría de la H. Cámara de Senadores, por cuando ello implicaría convalidar los efectos de una maniobra que fue declarada inoponible en una sentencia dictada en el ámbito de su competencia jurisdiccional". La referencia, en ese punto, es a la partición del bloque oficialista.
En otro de los puntos los jueces siguieron con su cuestionamiento a esa jugada legislativa al considerar que de esa manera violó "la pluralidad representativa consagrada en la ley 24.937, texto según ley 24.939". También recordaron que el Tribunal "consideró que la división del bloque referida no obedeció a fines genuinos sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde".
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El único efecto inmediato de la acordada es que no se le tomará juramento a Doñate. Sin embargo, nada dijeron los cortesanos respecto a las intenciones de los senadores del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni, quienes pretenden ingresar al Consejo de la Magistratura como miembros titular y suplente respectivamente.
Así las cosas, es de esperar que en los próximos días haya una nueva acordada en la que se defina qué pasará con el lugar que queda vacante.
Jugada en medio de la pelea con el Ejecutivo
La decisión cortesana que se conoció en las últimas horas es una más en el mismo sentido contrario a los intereses del Gobierno nacional y del kirchnerismo. Sin embargo, toma especial relevancia porque se trata de la primera decisión post inicio del juicio político en contra de los cuatro miembros de la Corte, aunque uno de ellos no participó de la acordada.
Además, se conoció justo en el día en que el Frente de Todos abrió el sumario y aprobó el cronograma para citar a los testigos.
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En su cuarta reunión del proceso de juicio, la decisión representa la apertura del sumario para acumular pruebas que permitan validar la acusación del oficialismo y la Coalición Cívica (CC) contra los integrantes de la Corte.
Según Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, "los testigos están obligados a comparecer ante la comisión diciendo la verdad y si no comparecen en una segunda convocatoria, pueden ser buscados por la fuerza de seguridad". Eso incluye a los jueces y funcionarios judiciales quienes tienen, según dijo, la obligación de comparecer de manera oral, mientras que gobernadores y vicegobernadores lo pueden hacer por escrito.
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